En un comunicado, cuyos datos fueron aportados por la Fundación Vida Silvestre, Gerardo Cipolini, sostuvo: «La conservación de nuestro ambiente en general y de nuestros bosques en particular, requiere la participación, financiación, planificación y control por parte del Estado nacional y de las diferentes provincias».
«Es indudable que, más allá de las buenas intenciones, vamos perdiendo la batalla, ampliamente, contra el desmonte ilegal. Las consecuencias que esto genera cada vez son más notorias y en menor tiempo.
Años atrás, escuchábamos hablar del cambio climático sin saber demasiado de qué se trataba, ahora lo padecemos: sequías prolongadas, olas de calor que se extienden más de lo habitual, lluvias intensas de milimetrajes altos, son algunos ejemplos de que debemos actuar de manera inmediata para evitar que estas consecuencias se profundicen y sigan golpeando a todos los habitantes de nuestro país», remarcó el legislador.
En igual sentido, señaló que «la Ley 26331, que establece Presupuestos Mínimos Para la Protección Ambiental de Bosques Nativos, en el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional, en su artículo 18, mantiene los montos de 2021, sin entrar en detalles inflacionarios, en porcentaje, es el monto más bajo desde que se sancionó la Ley (en 2009)», y precisó: «Asignando $1.212.415.000 para Enriquecimiento y Conservación de Los Bosques Nativos; y $120 millones para el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, para todo el territorio nacional».
Asimismo, Cipolini solicitó enérgicamente que «ante esta situación, que fue alertada por diferentes Fundaciones y Organizaciones Ambientales que vienen luchando por la conservación de nuestros bosques, solicitamos la ampliación presupuestaria para que se cumpla correctamente con lo que la Ley estipula. Ante esta falta de recursos (debido a este presupuesto acotado), no podemos esperar que la situación mejore.
Por el contrario, lo que se observa es la generación de defecciones en el funcionamiento del Registro Nacional de Infractores: Actualización del Registro Nacional de Planes; Canales Concretos para la Denuncia de Desmonte ilegal; Falta de Recursos Humanos y Físicos».
Por último, el diputado detalló el panorama provincial: «En el Chaco, desde que se creó la ley en 2009, se desmontaron de manera ilegal 150 mil hectáreas, esto demuestra como venimos perdiendo nuestros bosques, sufriendo el presente y generando un daño ambiental que, de no actuar de manera inmediata, será irreparable para las próximas generaciones».