Lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Además, dispuso que le sea revocada la prisión domiciliaria.
En tanto, la secretaria de la asociación civil «No me olvides», Lorena Quintana fue condenada a tres años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas para explotación sexual calificada.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó hoy a Elida Mambrín a 15 años de prisión por los delitos de trata de personas calificado por el uso de amenazas, por el uso de una situación de vulnerabilidad, por ser tres o más víctimas y por la participación en la comisión del delito de tres o más personas, en concurso real con abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real. Además, decidieron revocaron la prisión domiciliaria de la mujer. En tanto, se condenó a Lorena Quintana, a tres años de prisión en suspenso como partícipe secundaria por el mismo delito.
La sentencia fue dada a conocer este lunes, cerca de las 14, por parte del tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y María Delfina Denogens. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 13 de septiembre. Así, el TOF hizo lugar a los pedidos del fiscal general Federico Carniel y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano.
Además, en consonancia con lo requerido por el Defensor Público de Víctimas del Chaco, Gustavo Vargas y la Fiscalía de Cámara, el TOF decidió que deberá haber una reparación económica de las víctimas y el decomiso de los bienes cautelados en la causa.
EL CASO
Las dos mujeres fueron acusadas de reclutar a las víctimas a través de la asociación civil “No me olvides” y de exigirles que realicen los mal llamados “favores sexuales” a hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a “becas” o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban aquellos. En vez de serles exigidas como contraprestación actividades ligadas a la función pública, se les exigía a las víctimas que tuvieran relaciones sexuales y otras prácticas humillantes con funcionarios públicos. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2020.