Se trata de la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 22. El máximo órgano judicial de la provincia ya intervino en el caso y le solicitó que responda sobre las acusaciones que pesan sobre ella.
Varias denuncias por maltrato laboral y malos manejos del Juzgado Civil y Comercial N° 22 que dirige pesan sobre la jueza Teresita María B. Fanta, titular del nombrado organismo de la primera circunscripción judicial de Chaco.
Una de las últimas críticas llegó el 11 de julio pasado, cuando el Sindicato de Empleados Judiciales puso en conocimiento «la preocupante situación que viene ocurriendo en el Juzgado Civil y Comercial N° 22, a cargo de la Sra. Jueza Teresita María B. Fanta, desde hace algunos meses, que coincide prácticamente desde su regreso al lugar de trabajo, esto es aproximadamente desde el mes de abril del año 2021, situación que afecta a prácticamente todo el personal, secretarios, prosecretarios y personal administrativo».
Así está expresado en una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Chaco a la que tuvo acceso este medio, documento que agrega que la entidad sindical también planteó que «varios trabajadores del juzgado se han acercado, a través de sendos escritos y en forma verbal, denunciando y solicitando colaboración para tratar de manera conjunta las situaciones que coinciden y describen: constante hostigamiento, persecución, amenazas, trato despectivo y humillante, en varias oportunidades frente a otras/os trabajadores compañeros de trabajo, todas protagonizadas por la Dra. Fanta».
En ese sentido se agrega que la situación provocó que gran parte del personal solicite su traslado, por lo que el organismo «se encuentra atravesando una crisis o serias dificultades de organización laboral, de dirección, coordinación, que indudablemente afecta al rendimiento en general del trabajo diario y producción del juzgado».
Por otra parte, también se denunció que Fanta «no cumple horarios, tampoco desempeña las tareas que le corresponden como juez y responsable del juzgado, contradice de manera constante las tareas desarrolladas por las secretarias, sometiéndolas a controlarse las labores de cada una entre ambas, exigiéndoles el cumplimiento de escritos en determinado tiempo que luego ella no los controla y firma, incumpliendo reiteradamente con los plazos, generando un gran sentido de culpa en el personal por el mal funcionamiento del juzgado como en el retraso de los despachos diarios, llamamiento de autos, dictado de sentencias, resoluciones, etc.».
Además, desde el sindicato afirman que «esta situación afecta a varios en su salud, siendo un perjuicio que no podemos dejar pasar y se convierte intolerable». A su vez, expresaron que la jueza cuestionada «exige además de las horas matutinas de trabajo, excediendo sobradamente el horario habitual laboral, el cumplimiento de horario vespertino de cuatro horas, de lunes a viernes de 17 a 21, sin consulta previa, sin organización laboral». Se añade entonces que las conductas de Fanta «se encuadran y coinciden con las enumeradas en el Artículo 60 de la ley provincial 2023-A ‘Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el Ámbito del Estado’».
Ante toda esta situación que ya venía siendo expresada por trabajadores, el STJ ya había dispuesto una instrucción de información sumaria para determinar si existían o no irregularidades administrativas en el Juzgado Civil y Comercial N° 22 y en tal caso si la misma reviste de la gravedad para instruir un sumario administrativo. Posteriormente se dispuso la inspección de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del máximo órgano judicial de la justicia provincial.
Según la resolución del STJ, en el informe se detectaron varias situaciones. «En relación a jurisdiccional: a) Atraso considerable en el trámite de los expedientes (con demora de más de un mes)… b) falta de producción en el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias», dice el instrumento legal.
Por su parte, «en relación a lo interpersonal: a) buen equipo de personal administrativo con predisposición a las mejoras, pero sensiblemente afectado y desvalorizado en su totalidad en tanto se detecta frustración y angustia, con claros sesgos de violencia laboral. b) personal funcionario (secretarias y prosecretario) afectado severamente por conductas de violencia laboral manifestada en diversas formas».
Ante ese cuadro de situación, la Comisión de Inspección entendió que corresponde: «a) en orden a los jurisdiccional, la intervención urgente de la oficina de gestión de calidad de esta Sala Primera del STJ. b) respecto a lo interpersonal proceder a hacer efectiva la aplicación de la Ley N° 2023-A (de orden público) y ejercer las acciones necesarias y eficaces para erradicar la grave situación personal (violencia laboral) detectada en el Juzgado Civil y Comercial N° 22, en cuanto fuera pertinente».
Diario Chaco