Un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) abordó a un comerciante que circulaba en su vehículo y, al identificar que llevaba ropa sin declarar, le pidieron – según la presentación – una coima de 400.000 pesos. Tras radicar la denuncia, los seis integrantes de la fuerza señalados fueron aprehendidos y se les secuestraron elementos de interés para la causa.
El caso ocurrió el 2 de septiembre en Sáenz Peña, provincia de Chaco. El damnificado recordó que ese día circulaba en auto junto a su esposa e hijo por la ruta 16. En ese momento, desde un auto de civil le gritaron “alto, Policía Federal” y él se detuvo a un costado.
En la inspección detectaron que llevaba ropa sin sello aduanero, de manera que los policías le exigieron una coima de 400.000 pesos a cambio de no ser denunciado. Dado que no contaba con ese monto, el hombre indicó que les ofreció un equipo de música que tenía en el auto, pero ellos se negaron y bajo amenaza de arma, lo acompañaron hasta un domicilio para obtener el dinero.
La víctima denunció que los policías también se quedaron con parte de la ropa sin sello aduanero y un televisor Smart de 49 pulgadas. Luego de receptar la denuncia, el fiscal federal Patricio Sabadini comenzó a investigar y solicitó una serie de allanamientos.
Fuentes judiciales informaron que ya tuvieron lugar ocho procedimientos ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger y a raíz de los mismos se detuvo a los seis policías involucrados en la causa.
El abogado Paulo Pereyra, habló con Chaco Tv sobre los delitos que cometieron estos policías y dijo que se trata de un hecho de «criminalidad organizada».
Aseguró que «la situación es mucho más grave que sólo el pedido de coima, ya que ellos utilizaron información, por ser brigada de información de la Policía Federal Argentina, en tanto la circularidad de contrabando». Añadió que «en ese cuadro lo interceptaron en Quitilipi y privan de la libertad al denunciante».
Pereyra destacó el trabajo de División de Delitos Económicos de la Policía Provincial «que actuó como auxiliar de la investigación que se lleva a cabo».
El abogado dijo que «son 140 kilómetros de criminalidad», señalando que interceptaron al comerciante en Quitilipi y luego se trasladaron hasta Sáenz Peña.