• 2 diciembre, 2022

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Echaron a cuatro policías de Chaco por estar involucrados en una red de venta de vehículos judicializados

Oct 27, 2022
La decisión se confirmó a través de un Decreto de Capitanich, luego de un pedido de expulsión del Jefe de la Policía al Ministerio de Seguridad. Los sancionados son dos comisarios Mayor, un comisario Principal y un subcomisario.

Una ejemplificadora medida de sanción tomó el Gobierno de Chaco contra cuatro policías con cargo jerárquico involucrados en un escándalo judicial que tiene que ver con una red de venta de vehículos judicializados y que incluye la falsificación de documentos.

La sanción expulsiva de cesantía se aplicó sobre la comisario Mayor Irma Insaurralde, el comisario Mayor Gustavo Ortiz, el comisario Principal Rubén Valenzuela y el subcomisario Antonio Ricail.

Según consta en el Decreto 2528/22firmado por el gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Seguridad Gloria Zalazar, los cuatro transgredieron con su accionar «las normas disciplinarias previstas en el Artículo 98 inciso m), en concordancia con el Artículo 99 «Faltas Graves» –Apartado «A» incisos h) y rr), Apartado «B» inciso c), con los agravantes del Artículo 81 incisos f) y h), todos del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP)».

La causa judicial nació a mediados del 2020 y contó con una investigación de la Fiscalía N° 14 a cargo de Francisco Asís de Obaldía Eysseric.

Según se repasa en el instrumento legal nombrado anteriormente, en agosto del 2020 se dispuso un allanamiento en el domicilio del Cabo de Policía Pablo Walter Vargas con el objetivo de secuestrar una motocicleta marca Yamaha Modelo YBR 125 cc, azul, más la detención del mencionado agente policial de la Comisaría de El Sauzalito.

En este sentido, en el expediente aparecen las conversaciones que mantuvo el subcomisario Ricail con un empleado judicial de apellido Domínguez en donde uno de los mensajes decía «Pásame por favor el número de expte de la moto para Vargas».

El 28 de agosto de ese año la Policía Federal se encargó de detener a José Ricail, quien prestaba servicios en la División Criminalística Metropolitana, por la presunta comisión del delito de «Utilización del Instrumento Público Falso y Estafa Agravada en perjuicio de la Administración Pública, en Concurso Real, Artículos 296, 174 inc. 5) en concordancia con el último párrafo del mismo-, en función con el Articulo 55 todos del Código Penal». En aquel momento fue suspendido de sus funciones en la fuerza con retención de haberes.

Además, se procedió también a la detención del subcomisario Hugo Alejandro Muñoz, que cumplía funciones en la División Verificaciones de la Policía de Chaco.

Ante la declaración como imputada de la pareja de Muñoz, se logró saber que ese efectivo y el empleado judicial Domínguez «acordaron la entrega de la Motocicleta Honda, modelo Wave, que se encontraba secuestrada». Para la operatoria se utilizó un «oficio presuntamente apócrifo confeccionado por Domínguez».

Así las cosas, en el Decreto se asegura que del análisis del expediente sumarial surge que el Subcomisario José Antonio Ricail a través del sistema de mensajería (cuyos diálogos y transcripciones se encuentran todos agregados a las actuaciones, los que fueron extraidos de la causa penal) se contactaba también Domínguez y «le solicitaba los rodados que se hallaban secuestrados, para ser entregados a personas designadas por el primero, a través de mecanismos irregulares».

En ese sentido resaltan que «su función tenía el deber de custodiar los bienes secuestrados conforme Ley Nº 1238-A, de Registro de Bienes Secuestrados en Depósito Judicial y Decomiso», pero «muy por el contrario, aprovechándose del cargo que ostentaban dentro de la función pública: ‘Negociaban, buscaban apoderarse de los rodados secuestrados judicialmente para la satisfacción de sus propios intereses personales ’».

«Dentro de esa operatoria irregular, se encuentra acreditado el accionar de la Comisario Mayor Irma Insaurralde, quien ostentaba el cargo de Jefa de Departamento Policía Científica, y a través de los mencionados mecanismos irregulares, obtuvo una motocicleta Mondial, hechos que a pesar de haberlos negado, quedaron acreditados», se añade.

Por su parte, el comisario Mayor Ortiz, jefe de la Comisaría Seccional Segunda «solicitó al empleado judicial Sergio Domínguez una motocicleta y una bicicleta, utilizando los mencionados y cuestionados mecanismos irregulares».

«Se destacan las similitudes en el accionar irregular, por cuanto del informe proporcionado por la División Sustracción del Automotor surgen conversaciones entre Sergio Domínguez, Gustavo Ortíz y otros actores con los que negociaban a través de procedimientos ilícitos, contrarios al régimen legal, con el objetivo de apoderarse de vehículos legales secuestrados en diferentes causas judiciales», sumaron en el Decreto de Cesantía para fundamentar la decisión de Capitanich.

Además respecto de la conducta del Comisario Principal Rubén Antonio Valenzuela, «vuelve a repetirse la misma maniobra irregular, por cuanto arovechándose de su cargo como Jefe de la División Criminalística, utilizando los mismos mecanismos cuestionados, y a través de los cuales obtuvo la entrega de motovehículo, que se hallaban legalmente secuestrados en diferentes causas judiciales».

Ante toda esta investigación el Gobierno decidió la sanción expulsiva de cesantía para cuatro efectivos jerárquicos de la Policía.

Diario Chaco