• 1 octubre, 2022

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El juez Antonio Martínez fue denunciado por «usurpación de cargo» y «desobediencia a la autoridad»

Sep 5, 2022

Tal como ocurrió con la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera , el Presidente de la Cámara Contencioso Administrativa de Única Instancia, Antonio Luis Martínez, fue denunciado penalmente acusado de «usurpación de cargo» y de «desobediencia a la autoridad».

La acción judicial la inició el abogado Paulo Pereyra, el mismo letrado que denunció a la jueza Riera por las mismas razones: ambos magistrados permanecen en sus cargos a pesar de tener más de 70 años.

El documento fue presentado este mismo lunes, algo que ya fue notificado al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Consejo de Abogados de Resistencia.

El pasado 30 de agosto, el STJ intimó a Antonio Luis Martínez , juez de la Cámara Contencioso Administrativa de Única Instancia de Resistencia a que en un máximo de 48 horas cumpla lo normado por el artículo 154 de la Constitución de la Provincia del Chaco. El mismo establece que al haber cumplido 70 años debe jubilarse o bien rendir un examen.

La resolución que intimó al juez Martínez llevó las firmas de Emilia María Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, y sus pares Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río. En tanto que los jueces Alberto Mario Modi y Rolando Toledo, quien cumple 70 años en enero y anunció que se jubilará, mantuvieron la inhibición expresada en la resolución 769/22.

Unas 24 horas después, finalmente el juez Martínez notificó al Consejo de la Magistratura de la provincia que dará «uso de sus opciones» y se mantendrá en su cargo por «ser juez natural».  Al optar permanecer en su cargo, el Consejo de la Magistratura tendrá que convocar a un concurso de antecedentes y oposición.

DENUNCIA

Por su parte, el abogado Pereyra recurrió al Equipo Fiscal N°1 y Juzgado de Garantías en turno a los efectos de denunciar a Martínez porque entiende que el escrito presentado por el juez al Consejo de la Magistratura «encuadraría en el delito de «Usurpación de cargo» y el de «desobediencia a la autoridad», previstos y reprimidos por los arts. 246° inc. 2) y 239 del Código Penal argentino. En concurso real y en calidad de autor, conforme los arts. 55 y 45 del C.P».

Pereyra detalla que desde el 14 de abril, un día después de que Antonio Martínez cumpliera 70 años, comenzó a ejecutarse la «usurpación de autoridad, ya que se consuma el delito por continuación de «facto» en el cargo».

«Ni cumple con la cláusula operativa y resolutoria de la Constitución Provincial: cesó de pleno derecho su jurisdicción como camarista por haber cumplido los 70 años de edad el 13/04/2022, como tampoco con las órdenes directas del STJCh, optar entre: acogerse a la jubilación o expresar que se inscribirá en el concurso del cargo que usurpa, como cualquier otro/a probable postulante», apuntó Pereyra sobre el juez.

El abogado denunciante cuestionó incluso que la nota del Juez Martínez haya estado dirigida al «señor Presidente», cuando la presidencia del Consejo de la Magistratura es ejercida por Gloria Zalazar, la ministra de Seguridad de la provincia.

Según la denuncia, el juez lleva casi 5 meses ocupando «de facto» el cargo de juez, lo que lo hace «incursionar también en el delito de «desobediencia a la autoridad» -emanada del art. 162 de la Constitución Provincial y de las Resoluciones dictadas hacía su persona- del STJCh».

«La expresión de «mantener el cargo» -usada por Martínez en su nota-, es un muy conveniente eufemismo utilizado por este juez de facto. Ya que su conducta en principio, encuadraría en el delito de «Usurpación de autoridad», previsto y reprimido por el artículo 246° inc. 2) del Código Penal argentino», señaló Pereyra.

En ese sentido insistió en que el escrito del juez Martínez «constituye una lectura ilícita de la regla de subordinación de las autoridades de los poderes constituidos a la Constitución     -de él, en esta causa-. Incluso, es más, distorsiva de la clara voluntad del constituyente de 1994».

«La nota antojadiza de Martínez y la conducta que relatáramos hasta aquí, fija que el camarista pretende «una renovación de su título de juez natural» enmarcada en «una convocatoria a medida». Violando flagrantemente la clara letra constitucional y Resoluciones del STJ», repasó el abogado.

La denuncia presentada esta mañana también apunta a que la judicialización del caso Riera, cuya última novedad fue el amparo al que accedió a la jueza y por la que dos magistradas fueron denunciadas por «prevaricato» , fue seguida por Martínez quien «esperó -el amparo- con ansias».

«No se necesita una inteligencia muy desarrollada para advertir, que más allá de las interpretaciones embarulladas y carentes de buena fe, nunca podría un fallo judicial constituirse en la fuente legal para que un juez violara la letra clara del texto de la Constitución. Téngase presente en los antecedentes indicados, que Martínez compartió y comparte moción con su par de facto Riera», cerró al respecto.

Diario Chaco