por RAÚL S. VINOKUROV – Se acepta como probable que el inicio del mal llamado lenguaje inclusivo se remonta a los años 60/70 compartiendo el nacimiento público del feminismo en nuestro país. Durante años, durante siglos, las propuestas de cambio existieron en la forma natural en que se modifica el lenguaje popular, lenta, silenciosa y progresivamente, aceptando y descartando nuevos términos expresivos, pero hace unos años se evidencia una escalada acelerando un proceso que lleva tiempo, en busca de réditos no precisamente idiomáticos.
Hay muchos ejemplos de cambios aceptados por la Real Academia, comenzando por el nombre de nuestro idioma, que de castellano se fue transformando en español siendo hoy ambos términos aceptados. El uso, la aceptación popular, el transcurrir del tiempo, sin ningún tipo de imposición. La tecnología nos brinda una acabada prueba de cómo se incorporaron nuevos términos.
En estos días conocimos que tiene media sanción del Senado Nacional un proyecto de ley sobre distribución de la Pauta Oficial. Según dicho proyecto los medios deberán emplear obligatoriamente lenguaje inclusivo para poder acceder a la pauta, o sea al dinero de todos los argentinos, manejado y utilizado por el gobierno nacional a su arbitrio y conveniencia.
Uso político del idioma y del dinero de todos. Recurso ideológico para imponer algo que ya fue rechazado por la Real Academia Española (RAE), por la Academia Argentina de Letras y por la Academia Nacional de Educación.
“El uso de la “e” como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (“chicos”) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”. (RAE diciembre 2020). Con parecidos argumentos se refiere al uso de la “x”.
La Academia Argentina de Letras con la firma de su presidente José Luis Moure expresó “no surge como cambio “desde abajo”, es decir como una progresiva y por lo general lenta necesidad expresiva de un número considerable de habitantes, sino como una propuesta “desde arriba”, numéricamente minoritaria en cuanto a población…” “No implica una simplificación del sistema preexistente, sino una complicación inducida, afectando la estructura del idioma”
Hace unos días la Academia Nacional de Educación argumentó que estos cambios “son una posición sociopolítica que desea imponer un grupo minoritario”. Además, esta Academia manifestó que el “lenguaje “inclusivo” “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y además “no contribuye a señalar la igualdad de sexos, sino que, por el contrario, sugieren la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”. “Se altera la morfología bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer, siendo innecesario el uso de @ o de las letras “e” y “x”, ya que el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”. “No deben forzarse las estructuras lingüísticas del español para que se conviertan en espejo de una ideología, pues la gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás”. “Atentan contra la economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas”.
A los argumentos técnicos podemos sumar la inquietud y dudas que plantea el proyecto de ley que pretende condicionar la Pauta Oficial a los medios de prensa en general, y que suponiendo que se apruebe en Diputados, tendrá varias denuncias por anticonstitucional. Con este proyecto se puede suponer que el lenguaje inclusivo servirá de excusa al oficialismo nacional para no distribuir pauta publicitaria a determinados medios considerados opositores o condicionarlos en su forma de expresión y contenido. Ambas cosas repudiables, atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa alimentando peligrosamente la grieta.
Hay ejemplos en nuestro país que demuestran con claridad que se trata de imponer un cambio que se relaciona y vincula políticamente a un grupo de población, como por ejemplo la resolución del ANSES que obliga al uso del “lenguaje inclusivo” en toda la documentación de ese Organismo.
Si al idioma se le continuará produciendo cambios dependerá del tiempo y la aceptación popular y a partir de ahí vendrá la necesaria aceptación de las Academias y los gobiernos, o sea “de abajo hacia arriba”. Pretender hacerlo al revés solo puede producir rechazos y divisiones, o sea, fracaso.
*RAÚL S. VINOKUROV