Declaraciones previas del funcionario considerando que los tribunales no se involucraban lo suficiente en actuar frente a los piquetes que interrumpen el tránsito en calles y rutas, habían merecido respuestas del Superior Tribunal y otros sectores de la justicia provincial.
Ahora el ministro ratificó su mirada sobre el tema.
El ministro de Economía del Chaco, Santiago Pérez Pons, respondió a las críticas que le dirigieron el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados por sus expresiones sobre los cortes de calles y rutas en la provincia, sobre los cuales cuestionó la falta de acción de jueces y fiscales. En réplica, desde el Poder Judicial se consideraron «preocupantes» y un «ataque» a los dichos del funcionario del Poder Ejecutivo.
«Lo que me preocupa es que cuando uno opina sobre cómo realiza su tarea el Poder Judicial, hay una reacción corporativa que plantea una suerte de alerta institucional. Como si cualquier ciudadano no tuviera derecho a manifestarse sobre cómo ve la marcha del Estado, que tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esa reacción no corresponde en una sociedad democrática», planteó Pérez Pons en declaraciones a NORTE.
El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura planteó que la justicia debe estar más abierta a las opiniones sobre la manera en que cumple sus funciones.
En ese sentido, consideró que «siempre es saludable abrir el debate. Hay una sociedad que reclama respuestas de todo tipo. Lo hace al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y está bien que lo haga. Pero cuando las observaciones van dirigidas al Poder Judicial, se dice que es un ataque a las instituciones. ¿Por qué?», se preguntó.
«ES LA INSTITUCION PEOR VALORADA»
Pérez Pons insistió en que las valoraciones y las críticas «son parte de la democracia y de la necesidad de hacer una revisión permanente de cómo funcionan las instituciones, para corregir falencias y mejorar las respuestas. Yo creo que tenemos una justicia, tanto nacional como provincial que está en otra sintonía, diferente a la del conjunto de la sociedad», sostuvo.
«De las instituciones públicas, la justicia es la peor valorada, y eso tiene que ver con que las personas comunes, las más vulnerables, recibeN el destrato de un poder en el que, entre otras cosas, muchas veces las decisiones se producen en plazos y tiempos que muestran insensibilidad para con las necesidades de los ciudadanos», agregó.
El ministro opinó que por todo ello la justicia «muestra un funcionamiento que debe mejorar muchísimo. Hay jueces y fiscales muy buenos, pero la mayoría debería comprometerse más con los problemas de la sociedad».
A eso sumó que el Judicial «es un poder sin recambios y con códigos corporativos. Eso genera la necesidad de un debate profundo y de reformas sustanciales. Tanto el Ejecutivo como la Legisltura están sometidas a un examen periódico de la ciudadanía, y se renuevan cada cuatro años en el primer caso y cada dos en el segundo, pero la justicia provincial tiene más de veinte jueces que superan los 70 años de edad. Deben acceder otras generaciones a la magistratura», cuestionó.
«En todo este contexto, ¿qué de preocupante puede haber en que yo o cualquier otro ciudadano diga que la justicia debe funcionar mejor? Es parte de un debate al que tienen derecho los contribuyentes que sostienen al Estado, y dentro de él también sostienen al Poder Judicial», marcó Pérez Pons.
NORTE