Diputados del PRO presentaron un proyecto para crear el «Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad» para eliminar de forma gradual los planes sociales y ofrecer a cambio cursos de formación laboral manteniendo las prestaciones sociales un máximo de dos años.
El proyecto fue presentado por José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira y lleva la firma de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
Proponen, además, un beneficio para empresas que incorporen como pasantes y empleados a personas registradas en el programa.
El objetivo, según la iniciativa, es transformar los planes sociales en empleo genuino y absorbería a todos los planes sociales obligando a todos los beneficiarios a anotarse en dos capacitaciones anuales como mínimo, lo que demandaría 20 horas semanales con tope de cuatro horas diarias.
Otra cosa que destaca el proyecto es que una vez cumplidos los dos años el plan dejará de tener efecto y se dará de baja ya que la persona que lo recibía estaría en condiciones de insertarse al mercado laboral.
«Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del Registro de Empresas Productivas (REP), pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral», señala.
En cuanto a los beneficios de las empresas, quien contraten a personas de este plan tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. Mientras que el ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
Otro factor a destacar es que el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido provocando daños o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.