• 1 octubre, 2022

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Expectativa por el veredicto en causa por corrupción contra Rey y Lugo

Sep 14, 2022

Denominada «Lavado I», los exfuncionarios que fueran líderes de la organización ilícita podrían recibir hasta quince años de prisión. Hay trece acusados más.

En junio, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta quince años de prisión para los acusados de lavar más de veinte millones de pesos provenientes de hechos de corrupción.

De acuerdo con los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón, se dio por acreditado cómo el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsecretario de Comercio, Roberto Lugo, llevaron a cabo una organización ilícita destinada a darle apariencia legal a fondos obtenidos de manera espuria.

DINERO DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y CONTRATOS DIRECTOS A FAMILIARES

De acuerdo con la acusación, Rey y Lugo se valieron de su jerarquía e influencia como funcionarios públicos del gobierno provincial y pergeñaron una estructura funcional que permitió dotar de apariencia lícita al dinero proveniente de hechos de corrupción.

El exsecretario general de la gobernación está señalado de apropiarse de fondos públicos a través del desvío de la pauta publicitaria oficial, mientras que el exministro de Desarrollo Social habría favorecido en la contratación como proveedores del Estado a familiares y allegados, promoviendo negociados por altas sumas de dinero a través de múltiples empresas.

LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LOS QUE DEBERÍAN SER ABSUELTOS

También fueron señalados como integrantes de la organización Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Gustavo Alejandro Katavich, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla.

Al mismo tiempo, el MPF solicitó la absolución por falta de tipo subjetivo para Silvia Lorena Vallejos, Mónica Mabel Borovach, Cristian y Santiago Samaniego, Romina Gisele Fernández, Ivanna Soledad Sánchez Pardo, Mariano Damián González; por encubrimiento impune para Cateline Jackeline Rodríguez; y por el beneficio de la duda en relación a María Elena Yaczuk, Lidia Clara Kyocapumisz y Silvia Carina Simcik.

Las penas que solicitaron los fiscales para los exfuncionarios provinciales

El fiscal general Federico Carniel solicitó para Horacio Rey, Roberto Lugo y Gustavo Katavich una pena de trece años de prisión por liderar una asociación ilícita fiscal en calidad de funcionarios públicos. Dado que ambos ya cuentan con una condena previa, solicitó que fueran unificadas en quince años.

Horacio Rey, exsecretario general de la gobernación, podría recibir quince años de cárcel, como Roberto Lugo.

Ismael Fernández también fue señalado como integrante de la organización, por lo que el pedido de penas fue de trece años. En el caso de Patricia Vázquez, Ramón Chávez y Claudia Varela, el pedido de penas fue de diez años de prisión; de ocho años para Mónica Yaczuk y Cristina Dellamea; y de seis años de prisión para Ricardo Retamozo.

Carlos Rubén Osuna, Carlos Amarilla y Miguel Ángel Vilte, siete años. Para María Laura Aguirre e Iván Bilcich el pedido fue de tres años, en calidad de cómplices secundarios.

«Pobreza, desnutrición infantil y falta de estructura», describió Carniel

Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el fiscal general Federico Carniel dijo que los acusados demostraron «un desprecio por los fondos públicos del Chaco, donde hay pobreza estructural, desnutrición infantil y falta de estructura, con actos de despilfarro y ostentación en una sociedad que tiene todas las carencias».

El fiscal general Federico Carniel hizo durante su alegato una fuerte crítica a los exfuncionarios que se valieron de fondos públicos para sus intereses personales.

Llegó a describir detalladamente la actuación de Roberto Lugo como cabeza de esta asociación ilícita y lo calificó como un típico caso de crimen organizado, con una estructura piramidal, señalándolo a él junto con Horacio Rey como las cabezas y beneficiarios finales de la malversación de fondos. Según el fiscal, «ellos generaron el nido para que recibieran el dinero, y era una estructura donde había una división de roles y cada quien cumplía una función».

El fiscal Carlos Gonella detalló cómo Rey y varios de los imputados diseñaron y ejecutaron una maniobra ilícita en relación con el manejo de fondos públicos administrados por el Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo), a través de su autoridad de aplicación, la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, que estaba a cargo de Rey, y de Fiduciaria del Norte S.A.

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