El STJ dio lugar a un planteo de defensores oficiales para que el asunto esté en la agenda de los tres poderes al indicar que no se garantizan derechos humanos básicos en privados de la libertad.
No es un secreto a voces que existe sobrepoblación en comisarías y alcaidías de la provincia, es una situación de hace tiempo y que genera preocupación en quienes interactúan con los privados de la libertad en razón de que lejos están estos espacios de cumplir mandas constitucionales de readaptación social sino todo lo contrario, que no pueden garantizar derechos básicos.
Ante ellos, defensores oficiales presentaron un hábeas corpus que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a a favor de las personas condenadas que están alojadas en comisarías de toda la provincia y ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia que proponga un plan de readecuación de la política penitenciaria.
«El plan deberá trazarse de acuerdo con las necesidades y particularidades de los establecimientos. Para ello las condiciones edilicias tanto de las dependencias policiales como de las penitenciarías serán adecuadas de modo que cumplan con el marco normativo aplicable y al desarrollo de acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de libertad», indicó.
«Las comisarías no cuentan con la infraestructura ni la preparación adecuada del personal para albergar detenidos con carácter permanente, sino que están diseñadas para ser lugares de tránsito. Por ende, no se les brinda herramientas educativas o laborales y la falta de programas y actividades que permitan reducir la desocialización, profundizando el circuito de violencia institucional», señala el escrito que habían presentado defensores oficiales con la defensora oficial adjunta, Gisela Gauna Wirtz.
CIFRAS
En el escrito, los defensores citaron relevamientos de las comisarías, principalmente las ubicadas en el área metropolitana, donde se registra en mayor medida la superpoblación. Por ejemplo, en la comisaría Quinta, tiene capacidad para 16 detenidos y en mayo del año pasado contaba con 45.
En la comisaría Novena la infraestructura permite alojar siete personas y había 27 mientras que en la Octava la relación era que pueden albergar 12 privados de la libertad pero el relevamiento determinó que están 32.
MENSAJE
«Cabría preguntarse entonces si cada vez que un juez o una jueza envía a una persona a una comisaría está imponiendo una pena ilícita, ya que conoce la forma y el estado del lugar en que la ha de cumplir y, por ende, actuaría también con dolo», se destaca en el escrito que se presenta.
Lo cierto que este fallo del máximo tribunal contiene un mensaje directo primero a fiscales y luego a jueces en lo que se considera que existen un abuso en el establecimiento de prisiones preventivas o luego su ratificación, en virtud de que hay presunciones de delitos que para una parte importante de la Justicia no amerita tener a la persona tras las rejas.
Si bien es cierto que se trabaja en la modificación del Código Procesal Penal y con ello repensar los criterios para las prisiones preventivas, una modificación sobre este aspecto ayudaría a aliviar este problema crónico.
En el mientras tanto, también es una tiro por elevación para que se agilicen los procesos y las elevaciones a juicios de privados de la libertad lleguen más rápido.
PROPUESTAS
«La solución no puede pasar simplemente por el traslado de los condenados a la órbita del Servicio Penitenciario, porque ello también puede redundar en el agravamiento de las condiciones de detención de quienes sean trasladados a establecimientos a su vez sobrepoblados, alejados de sus familias o de sus defensores y de los órganos judiciales que tramitan sus casos. Tampoco por el aumento de plazas en los establecimientos penitenciarios», indica el hábeas corpus, en efecto lo que piden es que generar ámbitos de consensos en los que no falten representantes de los tres poderes y organizaciones de la ciudadanía que puedan aportar una mirada superadora.
Es que como primera medida defensores consideran que deben efectuarse audiencias públicas como para poner sobre el tapete un asunto que todos consideran grave pero que poco y nada se hace.
«La implementación de esta herramienta en cuestiones de trascendencia institucional, así como la multiplicidad de actores involucrados, pluralizan, enriquecen y transparentan el debate constitucional, fortaleciendo la legitimación de las decisiones jurisdiccionales, por lo que solicitamos la celebración de una audiencia pública donde las partes puedan proponer soluciones consensuadas». Norte