El Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó anoche un ataque masivo contra algunos de los sistemas digitales del Poder Judicial y, ante la incertidumbre del alcance de la maniobra, por estas horas aún continúa relevando el daño o pérdidas de los archivos y las causas en trámites.
El comunicado de prensa llegó el domingo a última hora e indicaba que en esa misma jornada el STJ “tomó conocimiento de un ataque de un malware del tipo ransomware que han sufrido algunos servidores del Poder Judicial de la Provincia del Chaco”.
Así, informó que “este tipo de ataques de índole delictual y malicioso habría comprometido información de algunos servidores del Poder Judicial, como lo ha hecho en otros organismos públicos tanto nacionales como provinciales”.
No obstante, el STJ aclaró que hasta el momento “no se tiene acabada definición de la real situación en que se encuentran los sistemas, servidores y servicios”. Por lo que el organismo dispuso que “la Dirección de Tecnologías de la Información brinde un informe sobre el origen del ataque y las consecuencias y el alcance de los daños relevados”. Y adelantó que “se realizarán las denuncias administrativas y penales correspondientes”.
SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES
Al no tener certezas de las consecuencias del ataque, el STJ dispuso a su vez “la suspensión de todos los servicios de índole digital (INDI, IURE, IURE -Ingreso de demandas-, SIGI, SIGI profesional, servidores, internet, conexiones de red, conexiones VPN, correos oficiales, domicilios electrónicos, y todo otro servicio digital que brinda el Poder Judicial) hasta el 16 de enero de 2022”.
“Sin perjuicio de ello, el Poder Judicial continuará funcionando en esta feria con los y las agentes designados, con las limitaciones dadas por la suspensión de servicios digitales dispuesta, procurando los organismos jurisdiccionales y oficinas administrativas, en la medida de las posibilidades, dar las respuestas necesarias a la ciudadanía”, indicaron.
En tanto, solicitaron a “los y las auxiliares de la justicia, Consejo y Colegios de Abogados y Abogadas de toda la Provincia, dependencias de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, el resguardo de cualquier documento o archivo digital con que cuenten, en caso de que sea necesaria su presentación ante los organismos intervinientes por posibles pérdidas”.