Las fuerzas policiales, tanto de la provincia como federales, vienen siendo investigadas hace unos meses por supuestas asociaciones ilícitas que facilitarían el narcotráfico en la provincia. En la Justicia Federal hay al menos 17 efectivos imputados, mientras que en la provincia también avanzan otras causas, entre ellas los supuestos vínculos entre un comisario de Resistencia y un hombre con un amplio prontuario.
Cuando estalló el escándalo tras la detención del ayudante fiscal Ariel Peña se produjeron también allanamientos en domicilios de efectivos policiales y la detención de dos de ellos, luego se sumó uno más por una insólita razón.
El Cabo Primero C.F.M. se acercó a la División de Drogas Peligrosas de la ciudad de Castelli el viernes 7 octubre al mediodía con un arma blanca e irrumpió a los gritos en la sede policial para amenazar a sus colegas . Según la denuncia policial que realizó un agente policial y a la que accedió DCH, el Cabo Primer abrió la puerta de la división gritando «G. ya me la vas a pagar» para luego cerrar fuertemente la puerta.
«Quédense tranquilos que esta me la van a pagar, sé dónde viven y sé dónde viven sus familiares. Yo ahora di la baja de la Policía así que si quiero les puedo pegar una puñalada en cualquier lado. Quédense tranquilos que voy por todo y van a llorar sangre «, amenazó el efectivo policial que tras el episodio fue detenido.
C.F.M. insistía en que le hicieron «una mala jugada» y es por eso que por varios minutos amenazó a integrantes de la División Drogas Peligrosas. «Yo no soy más policía, si quiero a vos te puedo meter una puñalada ahora, te voy a encontrar en la calle y te voy a decir para pelear mano a mano «, fue otra de las desafortunadas frases del policía.
Durante la violenta intervención, el cabo primero apuntó contra sus compañeros por una «mala jugada» por la que el terminó siendo investigado como integrante de la supuesta banda delictiva que lideraba Peña.
La desconfianza interna fue creciendo en medio de las investigaciones a cargo de fuerzas federales y también provinciales.
En julio de este año se produjo un mega allanamiento en la Comisaría Duodécima que terminó con la detención de tres uniformados por connivencia con vendedores de droga. Dos de esos efectivos detenidos también se valieron de amenazas contra sus pares al percibirse investigados.
El 12 de enero de este año, personal de Gendarmería llevó tareas investigativas en inmediaciones del domicilio de Rubén Alberto Molina (uno de los tres agentes detenidos), todo esto en el marco de la investigación por una organización, cuyas acciones comprenderían la comercialización de estupefacientes, contando entre sus filas, con la participación de personal perteneciente a la Policía de la provincia del Chaco, quienes realizarían procedimientos de manera irregular.
Sin embargo, ese día el personal de Gendarmería notó que luego de realizar esa pasada en el Barrio «Santa Catalina» de Resistencia, comenzaron a ser seguidos por un vehículo propiedad de Molina quien «inmediatamente se colocó delante del vehículo de Gendarmería, cerrándole el paso y provocando que se detenga», según detalla el documento judicial.
«Del Suzuki, descendió un hombre vestido de civil, identificándose como Sargento Molina, alegando ser personal de la Policía del Chaco dependiente de la Comisaría duodécima, sin credencial que lo identifique como tal. Esta persona, se dirigió de manera prepotente y agresiva al personal de Gendarmería Nacional, exigiendo conocer los motivos por los cuales, estos funcionarios, se hallaban en el B° «Santa Catalina » , a lo que éstos respondieron que se hallaban haciendo recorridas de prevención; esto, a fin de no deslizar ninguna respuesta que pudiese frustrar la investigación en ciernes», indica la documental, algo que también consta en el libro de novedades de la Unidad Operacional (URI) de Gendarmería Nacional, en donde prestaban funciones los Gendarmes intervinientes.
Ese mismo día, horas más tarde, se hicieron presentes en el asiento de la Unidad de Reunión de Información (URI – Chaco), los agentes Molina y Leandro Gabriel Cocco vestidos de civil, a bordo de una motocicleta marca «Honda – Tornado», sin dominio colocado, armados con escopetas.
Los dos se presentaron como integrantes de la Policía del Chaco y pidieron conocer los motivos por los cuales la camioneta perteneciente a la Unidad (URI), se encontraba realizando recorridas en las cercanías del domicilio de Molina.
¿Cómo supo Molina que el vehículo que estaba investigando pertenecía a la Unidad de Gendarmería? Del análisis de las intervenciones telefónicas, descubrieron que el empleado policial se puso en contacto con una persona que sería miembro de Gendarmería Nacional, a quien consultó por el vehículo en que realizaban las recorridas. La persona a la que acudió Molina, ese 12 de enero al mediodía, es personal de Gendarmería Nacional y se encuentra prestando servicios en el Comando de Región VII «Santa Cruz», ahora imputado.
A unos 256 kilómetros de Castelli, acá en Resistencia, el recién liberado comisario Gerardo Ramos, acusado de «asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público», habló por primera vez – a través de su padre- tras haber estado detenido más de 50 días. Salvando las diferencias, pero al igual que el agente de Castelli, Ramos cree que la causa contra él fue direccionada por personal policial.
«El caso fue direccionado hacia mi hijo por el personal de la División Delitos contra la Propiedad», acusó el comisario inspector retirado Horacio Ramos, quien con contundencia expresó: «Esto fue planeado para perjudicarlo a él, vaya uno a saber por qué causa. Nosotros creemos que, como él, junto a sus compañeros, secuestró 44 kilogramos de cocaína, la mayor cantidad de estupefaciente que se secuestró en la historia de Chaco, pensamos que hay alguien más arriba que está colaborando para que esto suceda. El narcotráfico compra voluntades y nosotros lo consideramos , si bien no tenemos los elementos todavía para probarlos «.
En medio de las acusaciones y desconfianza interna, la Justicia sigue investigando los hechos que expondrían el vínculo policial con el tráfico de drogas en la provincia.
fuente: Diario Chaco