En el Juzgado Federal de Sáenz Peña, integrantes de comunidades indígenas de la zona de El Sauzalito, encabezados por Ariel Manuel Fabián y Amancio Reinoso quienes son referentes de la Guardia Washek y con el patrocinio del abogado Paulo Pereyra, denunciaron al fiscal federal Carlos Amad y a la auxiliar fiscal Pamela Michlig.
Los delitos por los que son denunciados son por «la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248 y 249 del Código Penal), agravados por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, con motivo de persecución a una raza o nacionalidad y con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico o racial».
Según consta la presente denuncia, los hechos consisten en «una serie de acciones y omisiones funcionales que infraccionan deberes que pesan sobre integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación (con asiento físico o funcional en esta jurisdicción), constituyendo tales conductos delitos previstos y reprimidos por el Código Penal».
Entre los fundamentos de la denuncia contra el fiscal Amad, se basan en un expediente en el que los integrantes de la Guardia Washek fueron sobreseídos en el año 2020. Según consta dicho expediente penal «al primer golpe de vista luce que todo aquello que refiere de modo discriminatorio y estigmatizante contra las comunidades indígenas (en especial la wichi) el fiscal Amad no solo carece de sustento probatorio/indiciario, sino que fueron sobreseídos en esa causa».
Además, se menciona que lo que hace Amad es «reflotar de un modo peyorativo y vacío de razonamiento jurídico, algo que ya fue objeto de investigación y resultó definitivamente ‘levantado’ así hechos históricos con mérito desincriminatorio firme».
Por este motivo, piden que se inicie una investigación «exhaustiva, objetiva y eficaz» tanto para «esclarecer los ilícitos contra el derecho internacional de los derechos humanos indígenas, como para hacer cesar los efectos de estos delitos».
El escrito sostiene que «el proceder de los fiscales denunciados revela un intolerable apartamiento de la delicada misión confiada a los mismos, con daño evidente al servicio de justicia y menoscabo de la investidura, habiendo incurrido pues, en la comisión de graves delitos en el ejercicio de la función pública contra pueblos indígenas a los que pertenecemos, incluso sobreseídos total y definitivamente hace casi dos años».
Asimismo, mencionan que «el fiscal general Carlos Martín Amad, mediante la constante exposición mediática, realizó altisonantes declaraciones públicas, analizando y contando las medidas y líneas de investigación que estaban absolutamente agotadas hace tres años».
Para finalizar, remarcaron que «a los fines de evitar cualquier tipo de acto procesal que pueda afectar o entorpecer la presente, entendemos que corresponde plantear y motivar la recusación de los mismos, en el tiempo y forma que prevé el art. 60 del CPPN». Diario Chaco