El juez federal de Sáenz Peña, Miguel Mariano Aranda, dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva contra la intendente de Enrique Urien, Liliana del Carmen Pascua, al considerarla como autora responsable del delito de malversación de caudales públicos, con enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.
El magistrado ordenó trabar embargo sobre los bienes suficientes de la procesada hasta cubrir la suma de $45.600.000 y también dictó la falta de mérito respecto a los hechos involucrados con los delitos de ‘fraude en perjuicio de la administración pública‘ descripto en al artículo 296 del Código Penal y referido al ‘lavado de dinero‘ señalado en artículo 303 del Código Penal.
LA DENUNCIA DE UN DIPUTADO
De esta manera, la justicia federal avanzó en una de las causas en la que una figura política se encontraba investigada en el supuesto delito de malversación de caudales públicos. Aranda tuvo en cuenta en la medida el requerimiento del fiscal federal Carlos Amad.
En el escrito, expresa que la causa se inicia, por los hechos que denunció y amplió su denuncia en su oportunidad el diputado provincial, Alejandro Gabriel Aradas, que dieron inicio a las actuaciones de referencia; por los hechos que salieran a la luz mediante la noticia periodística de fecha 28 y 29 de septiembre de 2020, publicada en el portal de noticias Infoqom que decía:
‘En el año 2013 el gobernador Jorge Capitanich anunciaba la construcción de diez viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendente Liliana Pascua relocalizó las mismas para construirlas en el ejido de Enrique Urien y finalmente fueron entregadas en el año 2016. Aquellas viviendas que estaban destinadas a familias humildes de pueblos originarios, terminaron siendo ocupados por la propia intendente Liliana Pascua, la segunda por su cuñado, la tercera por su tío, la cuarta por la madre, la quinta fue adjudicada a la expresidenta del Concejo Deliberante.
Es decir; a Vargas, José Víctor, hermano del actual presidente del Concejo que es la pareja de Liliana Pascua‘, indicó el fiscal.
Así -señala-, está a la vista la remodelación de dicha vivienda, construyendo una segunda planta pasando a poseer dos casas, por lo tanto no cumple los requisitos para acceder a vivienda sociales de emergencia hídrica y pueblos originarios Viviendas emergencia hídrica (similar a las viviendas AIPO) y pueblos originarios, los mismos son poseer escasos recursos y sin relación de dependencia. La maniobra es increíble, pero también inaceptable, de diez viviendas, cuatro quedaron en el clan familiar. Lo peor de todo es que esas viviendas son destinadas a familias de escasos recursos, sin recibos ni ingresos en blanco‘, señaló.
NO REUNÍA LOS REQUISITOS Y TAMPOCO SU FAMILIA
‘Ni la intendente Liliana Pascua, ni su familia o familiares encajan en los requisitos para acceder a ellas. De lo corroborado en lo mencionado en las citadas notas periodísticas el Ministerio Publico Fiscal con marcada certeza, la existencia primeramente de un programa de viviendas denominado ‘Programa federal de vivienda y mejora de hábitat pueblos originarios y rurales‘, que en virtud de dicho programa se enviaron cuantiosos fondos a la Municipalidad de Enrique Urien, destinados a la construcción de viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales.
Todo ello motivado por un pedido tramitado oportunamente en el año 2012 por quien sería el director de Desarrollo y Promoción Social de la Municipalidad de Enrique Urien, Marcelo Pérez, donde informa sobre el temporal de viento ocurrido a fines de noviembre de 2012, en el paraje ‘La Viruela‘ Enrique Urien, resultado afectadas varias viviendas, y a su vez solicita ayuda extraordinaria para atención de ‘emergencia‘, decía el reporte.
Partiendo de esta base, ‘dichos montos fueron girados al Municipio de Enrique Urien y en virtud de ellos fueron edificadas varias construcciones que básicamente no se ajustan a lo normado en dicho plan‘.
CASA DE EMERGENCIA, PERO DE DOS PISOS
La causa hace referencia a la vivienda habitada por la intendente Pascua: ‘Es de dos pisos, lo que evidencia las profundas divergencias que existen con el plan que las motivó; amén del hecho de haber sido adjudicadas en forma irregular, y ‘relocalizadas‘ en un lugar distinto del originalmente señalado en el respectivo pedido, dándole a las mismas una aplicación y destino diferente a aquella que estuvieren destinadas, objeto de la presente solicitud de investigación‘, señala el expediente.
De esta manera , la intendenta Pascua otra vez queda cercada por la justicia federal.