El 5 de abril fue aprobado en el recinto Deolindo Felipe Bittel con 23 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, la ley sobre la limitación del uso de celulares e internet en las cárceles chaqueñas impulsada por Livio Gutiérrez en el 2016.
Esta ley garantiza el derecho a la comunicación de los internos, «se instalarán teléfonos públicos fijos o celulares en las diferentes penitenciarías, los cuales contarán con inhibidores que solo le permitirá llamar a sus familias. Los teléfonos fijos alámbricos deberán ser programados para reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado, en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada».
Ante esta ley, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General de la provincia presentó una acción de hábeas corpus colectivo con la firma de más de 700 presos para que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.
El hábeas corpus que se presentó lleva las firmas de Kevin Nielsen y Gisela Wirz, quienes solicitaron que «de manera subsidiaria la normativa sea declarada inconstitucional por ser irrazonable ya que afectaba el derecho a la comunicación, a la educación, a mantener los vínculos familiares y la resocialización».
Los fundamentos del hábeas corpus son que durante la pandemia del Covid-19 se logró una «experiencia altamente positiva» con el protocolo para uso de teléfonos celulares de personas privadas de libertad en dependencias policiales y en el servicio Penitenciario de la Provincia de Chaco», es decir, la resolución N° 676/22 que se dictó en mayo de 2022.
Asimismo, en el informe afirmaron que «todo redundó en efectos positivos para la resocialización de las personas privadas de su libertad ya que para muchas de ellas este era su único contacto con el mundo exterior y la recreación, teniendo en cuenta que viven alojados en comisarías». Además, manifestaron que «se había culminado con los años de clandestinidad en que los teléfonos eran utilizados e ingresados de manera ilegal».
Ante todo lo sucedido, Livio Gutiérrez aseguró que respecto al inicio de acción judicial «de parte de más de 600 asesinos, violadores y delincuentes sobre la violación de la constitución no tiene ninguna novedad», pero «ya sabe que el fiscal de estado fue notificado de esta medida».
Sin embargo, afirmó que espera «ver que resuelve la justicia y que define el gobernador, es decir, si va a vetar o no la ley».
En este mismo sentido, el diputado dijo que «actualmente se sigue viendo cómo se repiten los hechos de delincuencia» y, por ello, ratificó con firmeza el planteo que hizo en el año 2016 con la necesidad de prevenir los delitos en las cárceles a través del sistema informático que ofrecen los celulares o tablets. diariotag.com