Diputadas del Frente Chaqueño presentaron un proyecto para modificar la ley de Ministerios y darle ese rango a «Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad».
Cabe destacar que actualmente la provincia cuenta con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, a cargo de Jorge Gómez, y que allí dentro funciona la Subsecretaría de Género y Diversidad.
Pese a que, durante la gestión en el Ejecutivo del Frente Chaqueño, Derechos Humanos era una subsecretaría y ahora es un ministerio, las legisladoras Teresa Cubells, Josefina Gladys González y Mariela Quirós quieren que el gobernador Leandro Zdero cree un ministerio que no funcionó durante los 16 años del gobierno justicialista: el Ministerio de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad.
Entre los objetivos de esta nueva dependencia, las legisladoras indican que deberá promover políticas para prevenir la violencia y la discriminación, especialmente contra mujeres, géneros y diversidad. También brindar asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos y violencia de género, y garantizar compromisos internacionales en derechos humanos, género, igualdad y diversidad.
«Solamente el abordaje de Derechos Humanos justifica una relevante estructura ministerial. Si a ello agregamos la complejidad del abordaje del tema de igualdad, diversidad y violencias contra la mujer y diversidades, más aún», argumentaron las diputadas.
POLÉMICA
Tres meses después de la derogación del gobernador Leandro Zdero, diputados del Frente Chaqueño presentaron un proyecto de Ley similar al decreto firmado durante la gestión de Jorge Capitanich para asegurarle un salario mínimo a hijos de quienes presuntamente hayan sido víctimas de violencia institucional.
«Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años de edad o hasta los 25 años siempre que estudiasen, y para las personas con discapacidad sin límites de edad, cuando la persona que se encontraba a cargo de sus cuidados personales, sea progenitor, progenitora y/o progenitores afines o con quien tuviera un vínculo de socio-afectividad comprobada, hubiese sufrido lesiones que la/lo invaliden para el ejercicio de actividades laborales o hubiere fallecido por la acción abusiva de las fuerzas de seguridad, policiales y/o del servicio penitenciario, sea en contexto de tránsito, aprehensión, detención, o bajo custodia policial», indica el artículo 1.
La iniciativa impulsada por Juan Carlos Ayala, María Pía Chiacchio Cavana, Mariela Quirós y Rodolfo Schwartz indica que la condición para acceder al beneficio es ser hijo «de la persona presuntamente violentada por la acción abusiva de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y/o del servicio penitenciario, o haber estado a cargo de sus cuidados personales al momento de ocurrir el hecho».