• 17 abril, 2021

Lavado I: Rey y otros imputados solicitaron la eximición de prisión pero la Fiscalía General pidió mantenerlos detenidos

Abr 7, 2021
Los ex funcionarios Horacio Rey y Roberto Lugo, imputados por lavado de dinero, causa que lleva la justicia federal, pidieron la eximición de prisión argumentando que se cumplieron los tres años de prisión preventiva que marca la ley.
En este contexto, el fiscal General Federal Federico Carniel emitió dictamen ante el petitorio y solicitó que se mantenga el estado de detención cautelar de Horacio Rey, Roberto Lugo, Ricardo Retamozo, Gustavo Katavich, Miguel Ángel Vilte y Carlos Ozuna.
Cabe recordar que todos gozan de prisión domiciliaria y de continuar con la preventiva seguirán bajo la modalidad actual.
Carniel hizo la solicitud ante el Tribunal Oral Federal, que son los que ahora deberán tomar la determinación final. Además, el representante del Ministerio Público también requirió que “se fije a la brevedad fecha de debate”.
En su fallo, el fiscal General Federal recuerda que Rey, Lugo, Retamozo y Katavich están detenidos desde el 28 de marzo del 2018, con el procesamiento con prisión preventiva desde el 7 de junio de ese mismo año, mientras que Vilte y Osuna están detenidos desde septiembre del 2019.
Desde esos plazos es que nace la presentación de los imputados para pedir la eximición de prisión poniendo como argumento la ley de prisión preventiva que marca un plazo de tres años bajo es modalidad, pero desde la fiscalía consideran el artículo al que se hace referencia no es literal y ni es automático.
Se trata de una causa compleja que involucra participación múltiple, delitos de considerable gravedad con características propias atento al objeto, con un amplio periodo de comisión de los hechos y distintas modalidades de realización, la intervención organizada con la participación de funcionarios públicos, en la que la instrucción demandó una extensa producción de prueba teniendo en cuenta la amplitud de su objeto y la cantidad de personas involucradas en los  hechos en un extenso periodo de tiempo”, expresa el fallo al que pudo acceder Diario Chaco.
Cabe destacar que en el caso se investiga la comisión del delito de lavado de activos, agravado por la realización del hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y, en algunos casos adicionalmente por la condición de funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones proveniente de maniobras de corrupción, prevé penas de prisión de 3 a 10 años.
En el documento, Carniel también hace referencia al juicio llevado adelante por la justicia provincial en el que se investigaron los delitos precedentes y por el cual Rey fue condenado a 7 años de prisión y Katavich a cinco.
“El ilícito precedente, es corrupción, en cuyo marco se produjo una seria afectación el erario público de la provincia. Respecto al mismo ya se cuenta con sentencia de condena impuesta por un tribunal oral del fuero ordinario. En dicho juicio se probó que algunos imputados integraron una organización que, realizó maniobras de desvío y apropiación de fondos públicos de la provincia de Chaco, con la intervención de funcionarios públicos de su gobierno”, marca la resolución.
En otro párrafo, el fiscal no dudó en exponer que “en relación a los hechos que son objeto de este proceso, es imprescindible ponderar que las maniobras de blanqueo de activos fueron realizadas por una organización o empresa criminal donde participaron gran cantidad de personas con distintos roles y funciones de manera coordinada, muchos de ellos ex funcionarios públicos con amplios contactos”.
Deben tenerse en cuenta las numerosas y particulares dificultades con relación a la investigación y la colección de pruebas en función a la cantidad de maniobras objeto de investigación y el periodo de investigación que el caso abarca”, agregó y siguió: “Se trata de una organización que actuó desde las más altas esferas del poder, en cuyo marco no podemos dejar de lado el análisis de que tienen la capacidad, la logística, los recursos y los medios para eludir el eventual recupero de activos, entorpecer la investigación y evadirse de la justicia”.
Por otra parte, el instrumento legal expresa que “no hay dudas que la causa que se analiza es compleja, el desentrañado de maniobras, la ruta del dinero, la cantidad de imputados, en diferentes estratos del lavado, las empresas creadas a los fines exclusivos de perder las pistas del dinero mal habido; son elementos que ameritan un análisis detallado de muchísimo material”.
Los tiempos transcurridos no son irrazonables, y las condiciones personales de los imputados hacen perfectamente viable el peligro de entorpecimiento y sobre todo que se sustraigan al requerimiento de la justicia, profugándose. Les sobran los medios y los recursos”, afirma Carniel en su escrito.
Ya en el tramo final de la resolución, Carniel se dirige directamente a los magistrados: “Señores Jueces, más allá de todos los fundamentos expuestos es vital sumar al análisis de los agravios el contexto que esta causa conlleva, estamos por juzgar hechos de lavado de activos cuyos ilícitos precedentes derivan de actos de corrupción, los cuales fueron cometidos desde las más altas estructuras del poder de la Provincia, recursos económicos sustraídos de la administración pública de una provincia empobrecida desde todas las variables que nos podamos imaginar, esta provincia lidera todos los índices negativos que las estadísticas pueden mostrar, mortalidad y desnutrición infantil, pobreza estructural, analfabetismo, falta de obras de infraestructura básica y mínima para satisfacer las más elementales condiciones de vida de cualquier ser humano, vivienda, cloacas, servicio básicos, salud, educación, etc.”.
En este ‘dantesco’ marco, un grupo de personas no solo se habría apoderado de grandes sumas de dinero sino también de reciclarlo para poder ‘disfrutar’ de ese producto sustraído”, añade, para cerrar: “Esta realidad también tiene que ser ponderada a la hora de analizar la importancia de que este juicio se lleve a cabo de inmediato y que se realice de manera pública, organizada y ordenada. Es la sociedad quien tiene derecho a saber qué fue lo que sucedió y esencialmente el destino del dinero de todos los ciudadanos”.