La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Chaco emitió un comunicado en el cual apuntan contra el Estado por un conflicto de larga data: la actualización salarial del sector.
Desde la entidad, que es presidida hace menos de un mes por Marcelo Gauna, manifestaron que “habiendo transitado todas las instancias judiciales existentes en nuestro país en busca de la recomposición salarial del sector y tras más de 16 años, hoy nos encontramos nuevamente frente al incumplimiento parcial de una ley en vigencia”.
La norma a la que hacen referencia es la ley 3424-A, sancionada en agosto de este año, la cual fija una escala de remuneraciones para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. “Ley que es invocada por el propio Estado provincial, como justificación del supuesto cumplimiento de reparación de la intangibilidad afectada, que ordenaran la CSJN y el STJ en la causa “ALONSO DE MARTINA””, expresaron desde la entidad a través de un documento público que lleva la firma del propio Gauna y de la secretaria general Carolina Esther Romero.
En el escrito, hacen referencia a que dicha ley “dispone un esquema de actualización salarial, comenzando por equiparar los salarios del Poder Judicial del Chaco, a un promedio de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, lo que llamamos la ‘media regional’, para recién en 2023 llegar a la ‘media nacional’, que es un promedio de los salarios judiciales de todas las provincias, y que es el criterio de referencia que toma la CSJN, considerando que no todas las jurisdicciones están en similares condiciones económicas”.
“Sin embargo, tras 5 meses de vigencia, el Poder Ejecutivo no efectiviza su cumplimiento, encontrándonos hoy día con el Decreto 2725/21 que, pese a reconocer la legitimidad del reclamo, y la necesidad de atender al mismo, vuelve a supeditar el cumplimiento de la ley 3424-A, a actuaciones previas del Ministerio de Economía, quitando operatividad a la norma y dilatando la equiparación a la media regional, como punto de partida de la recomposición real de los salarios”, añadieron.
En ese sentido, continuaron: “Se comprometió el cumplimiento pasadas las elecciones legislativas, y hemos sido pacientes y prudentes en el reclamo, pero estamos nuevamente en posición de tener que recurrir a la judicialización del conflicto, como forma de hacer respetar nuestros derechos constitucionales. Hemos tenido mucha más paciencia que la que tiene cualquier ciudadano al plantear sus conflictos, y sin embargo la respuesta por parte del Ejecutivo Provincial no es la adecuada”.
«No esperábamos terminar el año así”, expresan y afirman que “es un fin de año de preocupación para el sector judicial y esperamos sinceramente no tener que comenzar el 2022 con nuevos juicios que perjudiquen las arcas provinciales”.
“Por ello insistimos en el cumplimiento efectivo de la ley 3424-A, antes que finalice el año 2021, para poder así contar con previsibilidad salarial para el año que comienza. Creíamos que esta ley vigente venía a reparar años de una situación irregular reconocida por la CSJN, pero la demora injustificada por parte del Poder Ejecutivo, nos muestra una situación de gravedad institucional que nos veremos obligados a afrontar, con las herramientas legales con que contamos, como única alternativa de hacer respetar garantías constitucionales vulneradas”, cierra el comunicado de los representantes de magistrados y funcionarios judiciales de toda la provincia.