Este jueves por la mañana, según explicaron Leandro Fioravanti y Sebastián Quintana, los abogados de Pablo Viñuela, único agente policial detenido por la muerte de Josué Lago, hubo una rueda de reconocimiento en Sáenz Peña, donde estaban citados tres testigos presenciales del hecho en General San Martín.
Dos de ellos no reconocieron a Viñuela en el sitio, aunque sí lo hizo el tercero, que lo ubicó en el lugar del hecho “pero fue claro y preciso al afirmar que el agente nunca usó otra arma que no fuera la escopeta”, mencionaron los letrados.
Asimismo, recordaron que la autopsia se incorporó hace unos días, de la cual se desprenden dos datos relevantes: “Una es la causa de muerte; un impacto de bala que lesionó partes vitales de órganos; y la otra es la trayectoria del disparo que impactó en el cuerpo de Lago, que es de abajo hacia arriba, que indica que el impacto no fue directo, sino que fue un disparo por rebote”, explicaron.
“Uno de los testigos también manifestó que había tres personas que estaban atacando con armas caseras, las llamadas “tumberas”, porque habían intentado primero robar una moto, y estas tres personas son las que comienzan a dispararle a la Policía”, determinaron Fioravanti y Quintana.
Ante ello, ambos sostienen que llegan a la conclusión que “ese disparo que recibió Lago se condice con más proximidad al disparo de un arma “tumbera”, por la posición en la que se utiliza este tipo de armas, que un arma de puño”.
“Uno de los testigos mencionó que a la única persona que observó disparar con un arma de puño era una persona que estaba de civil, que estaba encapuchada, y que no era un policía. Los del destacamento estaban todos uniformados y eso está probado en la causa”, aclararon.
Asimismo, mencionaron que “esto ratifica que aquí hubo una agresión por partes distintas a la Policía, que pudieron haber redundado en la muerte de Lago. Está claro que la fiscal no puede probar que la bala que lo mató, lamentablemente, haya sido disparada por un policía”.
PRISIÓN PREVENTIVA
Días atrás, el fiscal adjunto, Miguel Fonteina, había señalado que se trató de un caso que “preocupó a todas las autoridades provinciales y a la ciudadanía en general”, por cómo se dieron los hechos. “La muerte de este joven, en este lugar y cómo sucedió, es lamentable que ocurra en la provincia”, dijo.
“Se llevó a cabo todo el procedimiento, con la parte pericial de Gendarmería, y se entendió que, por estar involucrados policías, debía actuar la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, el fiscal de Cámara y el procurador General”, aclaró.
“El policía detenido está acusado con un delito de imputación grave. La Fiscalía debe establecer las pautas para determinar si corresponde la prisión preventiva y sabemos que la defensa está articulando lo que corresponde. Estamos trabajando en eso”, sostuvo.
Sobre ello, los abogados de Viñuela remarcaron que para que la fiscal dicte la prisión preventiva tiene que acreditar que el imputado en libertad entorpecería la investigación y el riesgo de fuga.
“Creemos que los elementos de prueba no la avalan para tomar esta decisión. El lunes próximo será el día 10, desde la declaración de imputado, y el día máximo para que la fiscal decida si debe darle la prisión preventiva o la libertad”, concluyeron.