El procesamiento sin prisión preventiva fue ordenado este jueves por considerárselo «miembro de una asociación ilícita» y autor de «encubrimiento», entre otros delitos.
El Ministerio Público Fiscal ordenó el procesamiento del exjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Mariano Aranda y los otros cinco implicados en la causa que investiga una asociación ilícita.
Aranda, que se encontraba a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, fue considerado como «miembro de una asociación ilícita» entre otros delitos, junto a otros cinco investigados que desempeñaban cargos en Gendarmería Nacional.
En esa línea, el Ministerio Público Fiscal resolvió este jueves «dictar auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Miguel Mariano Aranda por considerarlo miembro de una Asociación Ilícita en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, todos ellos en carácter de autor y coautor de los delitos de encubrimiento agravado y concusión agravado».
Asimismo, se ordenó «el embargo sobre los bienes de Miguel Mariano Aranda hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($10.000.000)».
Mientras que, por «irregularidades en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones», el Ministerio Público Fiscal resolvió «dictar auto de falta de mérito»
Y «sobreseer parcial y definitivamente» a Miguel Aranda por «tenencia de arma sin la debida autorización».
En esa línea, se resolvió «mantener las medidas de coerción oportunamente ordenadas», en relación al exjuez federal: prohibición de salir de Resistencia y de irse del país sin previa autorización del juzgado, además de reservar el pasaporte en secretaría.
Los demás involucrados
Este jueves, a su vez, el Ministerio Público Fiscal dictó el procesamiento de otros cinco investigados en la causa.
Para Alberto Martín Farías también se dictó «procesamiento sin prisión preventiva» por considerarlo «miembro de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de concusión agravada y encubrimiento agravado todos ellos en calidad de coautor».
En ese contexto, se ordenó el embargo de los bienes de Farías «Farías hasta cubrir la suma ocho millones de pesos ($8.000.000) y se resolvió que se mantengan «las medidas de coerción oportunamente ordenadas».
En cuanto a Raúl Ernesto Scheurman, se dictó «auto de procesamiento sin prisión preventiva» por ser considerado «miembro de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de peculado en calidad de autor, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautor». En esa línea, se ordenó el embargo de sus bienes «hasta cubrir la suma de seis millones de pesos ($6.000.000)».
Para Enzo Gabriel Aguirre también se dictó «auto de procesamiento sin prisión preventiva» por ser «miembro de una asociación ilícita en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautor». Y se ordenó el embargo de sus bienes por el valor de «tres millones de pesos ($3.000.000)».
A Scheurman y Aguirre, además, se les impuso las siguientes medidas de coerción:
a) la promesa de los imputados de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación.
b) prohibición al nombrado de abandonar el territorio nacional, sin previa autorización de este juzgado.
c) Retención de documentos de viaje, los cuales deberán ser aportados por intermedio de sus respectivos abogados defensores.
Mientras que para Clarisa Daniela Galissier y Rafael Raimundo Martin se dictó «auto de procesamiento sin prisión preventiva», por considerarlos «instigadores del delito de tráfico de influencias». Ambos deberán pagar una suma de «tres millones de pesos ($3.000.000) cada uno». Y se les impuso como medida de coerción «la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación».