por MARIANO MORO – Se encuentra bajo tratamiento de la Cámara baja del Congreso de la Nación un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Público Fiscal. Uno de los puntos principales del proyecto busca que el Procurador General de la Nación sea elegido por mayoría absoluta de la Cámara Alta, en vez de por los dos tercios de los presentes, como es el procedimiento actualmente. O sea, que el candidato o candidata necesitará 37 votos en lugar de 48. Por otra parte, establece una reducción del período de mandato a cinco años, reelegible por un lustro y, al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
El Ministerio Público Fiscal es uno de los llamados “órgano extra-poder” introducidos en la reforma constitucional de 1994, de tal forma que en la arquitectura constitucional se muestra como un “cuarto poder” u “órgano constitucional autónomo”. Esta corriente moderna del derecho constitucional es una versión aggiornada del sistema de contrapesos y controles constitucionales ya que hace más eficiente dicho control estableciendo órganos con facultades y competencias específicas fuera de la órbita de los clásicos poderes del estado. En este sentido el MPF es un verdadero “órgano” y no una mera dependencia auxiliar. El estado actual comparado con el estado de hace un siglo, es un esquema de poder mucho más complejo, perfeccionado y sofisticado.
El Ministerio Público destinado otrora a defender los intereses del Poder Ejecutivo, ha sido apartado expresamente de esta función por la ley vigente, teniendo como competencia específica la tutela de valores comunitarios y sociales distintos de los del Jefe de estado a quien incluso debe controlar velando por la plena vigencia de los principios de legalidad, orden público y supremacía constitucional. Los órganos extrapoder surgen como actores esenciales en el “equilibrio de poderes” por cuanto se requiere la estricta aplicación del principio de independencia sobre todo de los poderes políticos.
Por ello es indispensable que el PGN, uno de los dos Jefes del Ministerio Público, tenga el consenso político suficiente para un cargo de tanta relevancia institucional, para ejercer un adecuado ejercicio de la acción pública en el control no solo de toda la sociedad sino fundamentalmente de los tres poderes clásicos.
Desde esta perspectiva la línea interna de la UCR Encuentro Cívico expresa su frontal rechazo al proyecto de ley que pretende modificar las mayorías agravadas para la designación del PGN, en el entendimiento de que la propuesta constituye un avasallamiento de las garantías constitucionales de la Argentina, siendo fruto de una clara operación política del oficialismo, un intento de continuar socavando la división de poderes y el control de legalidad.
El avance del proyecto tiene ribetes de gravedad institucional por cuanto es impulsado en medio de proceso de designación ya iniciado, con la clara finalidad de frustrar dicho proceso. El Juez Federal Daniel Rafecas, actual candidato a Procurador General de la Nación, adelantó que renunciará a la postulación si se aprueba la reforma del Ministerio Público Fiscal con la reducción de la mayoría necesaria en el Senado para su designación por entender superado un límite ético elemental.