El Gobierno del Chaco intentó desmentir que planeaba entregar dispositivos electrónicos a detenidos, pero la medida ya se está implementando.
El pasado 23 de mayo el Gobierno del Chaco resolvió a través de una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, dotar de celulares, tablets, computadores u otros dispositivos informáticos a todos los detenidos en comisarías y alcaidías provinciales.
El argumento es la necesidad y el derecho de los presos de comunicarse permanentemente con sus afectos, y formarse cultural y académicamente, además de tomar contacto con el resto de la sociedad. Esto, según se fundamentó, había sido implementado con singular éxito para suplir la restricción de las visitas durante la pandemia.
La novedad, que había sido mantenida en secreto por el Gobierno, fue ventilada por HDP Noticias.
Rápidamente, tras la publicación, funcionarios de Seguridad y el propio gobernador Jorge Capitanich, a través de otros medios de comunicación y el sitio oficial de la Provincia, negaron la versión, e intentaron aclarar que lo que se había autorizado era el ingreso de dispositivos de propiedad de los detenidos.
La resolución en cuestión ordena a las autoridades policiales y carcelarias, autorizar el ingreso de aparatos a los presos, previo registro. Y añade que quien no posea dispositivo, pueden ingresar uno propiedad de un tercero. Pero también especifica que a quienes no tengan la posibilidad de acceder a un teléfono inteligente, tablet o netbook o notebook, el Estado debe proveerle uno.
El Gobierno insistió en que sólo se autorizó disponer de un aparato de uso común en un sitio controlado. Sin embargo, la letra del protocolo aprobado por el Ministerio también mencionaba la posibilidad de asignarles aparatos de programas nacionales como “Conectar Igualdad” o “Conectando con Vos”, implementado por el Gobierno nacional con fondos de la Ansés.
Esto último ocurrió ahora. El Gobierno provincial destinó una gran cantidad de tablets destinadas a niños y jóvenes de escuelas primarias y secundarias.
Para sortear este requisito, el Servicio Penitenciario Provincial no habla de “detenidos”, sino de “estudiantes en contexto de encierro”.