• 1 marzo, 2021

Sigue pendiente el debate sobre Sindicalización Policial

Sep 28, 2020

por LIVIO FERNÁNDEZ – La sindicalización policial es una manda Constitucional, toda vez que el policía es un trabajador. La pretensión de agremiación de las organizaciones con fines gremiales integradas por policías en la Argentina es legítima. Efectivizar tal derecho requiere todavía de algunos cambios culturales en la dirigencia política y hasta en los propios policías, a quienes les cuesta ver al policía como trabajador y sujeto de derechos laborales.

Es una deuda de la democracia argentina, y por supuesto que en el Chaco también, el debate pendiente sobre la sindicalización policial.

El sindicato policial es una herramienta válida para evitar las revueltas y batifondos policiales por reclamos salariales y laborales, como se vieron en los últimos tiempos y cíclicamente en nuestro país.

Aunque hay algunos que prefieran catalogar a estas manifestaciones como movimientos sediciosos. Nada más alejado de la realidad, por una razón muy sencilla: las sediciones no se solucionan con un aumento de sueldo y compromisos de mejoras laborales como ocurre siempre con los reclamos colectivos de los policías.

Los policías como trabajadores merecemos respeto. Esto implica que se respeten las leyes que rigen la vida institucional y los derechos de los policías. Y es indispensable que se legisle sobre un ámbito para la negociación colectiva, para acordar entre otras cosas el valor del trabajo policial, o sea la pauta salarial, y también las condiciones de trabajo como ser la jornada laboral limitada, el descanso obligatorio, la capacitación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo, y el bienestar del trabajador policial.

Los Gobiernos eluden una y otra vez tratar formalmente todos estos temas con los verdaderos representantes de los trabajadores policiales. Esto atenta contra la calidad del servicio de seguridad pública, e impacta directamente sobre la comunidad, que es la destinataria y razón de ser de la Institución policial.

Los gobernantes de turno en cambio prefieren avasallar los derechos laborales del trabajador policial sin contemplaciones. Esta actitud antidemocrática no se condice con la exigencia de la pretendida Policía democrática, profesionalizada, desmilitarizada, humanizada, que preste servicios de calidad a la comunidad ¿cómo se puede exigir policías democráticos si no se permite practicar la democracia interna a través de sindicatos que defiendan sus intereses profesionales?

La estructura presupuestaria de la Policía chaqueña denota el desfinanciamiento en trabajos públicos, bienes de capital, bienes de consumo y servicios necesarios para la prestación de un servicio policial eficiente. Y por otro lado, la aplicación de políticas salariales de ajuste, con pérdida de salario real, con destrucción de la estructura salarial asociada a la carrera policial a través del achatamiento de los sueldos, y con la imposición ilegal de los montos fijos y en negro, perjudican a todos los policías y a su grupo familiar, con el solo argumento de bajar el costo de la masa salarial.

Solo basta con revisar la evolución de la participación del gasto en seguridad pública sobre el presupuesto general de la Provincia de los últimos 40 años, para advertir las inequidades en la distribución de recursos del Estado.

Existe un bajo compromiso con la seguridad pública, toda vez que la participación presupuestaria de la jurisdicción policial se redujo en los últimos 30 años a la mitad, y la masa salarial pasó a ocupar más del 90% del presupuesto policial. Sumado a esto, más del 70% de los policías tienen sueldos por debajo del costo de la Canasta Básica Total. No existe ninguna posibilidad de mejorar la prestación del servicio de seguridad pública con estos indicadores.

¿Cómo se financia la Policía y cómo viven los policías con salarios tan bajos?

Los Gobiernos miran para otro lado y optan por ignorar de qué manera la Institución y sus integrantes resuelven los problemas básicos de subsistencia y funcionamiento. Esta actitud irresponsable es muy peligrosa.

El funcionamiento de la Institución policial se fue trastocando por la desidia de los Gobiernos de todos los colores políticos, quienes contribuyeron a la degradación institucional. Llegaron inclusive a acusar a la Policía de autogobierno para impulsar reformas estructurales que luego fueron incapaces de implementar, creando una mayor confusión y desaliento en la Organización.

Mantener el “status quo” es la verdadera razón de la negación del derecho a la sindicalización policial. Y no argumentos tan pueriles como la verticalidad y la disciplina, el uso de armas autorizado o que la Policía sea un servicio esencial. Todos estos temas se pueden resolver con una reglamentación adecuada. En el mundo existen sobrados ejemplos de agremiación policial, desde hace más de un siglo, que demuelen estas falacias argumentales. Sin ir tan lejos en Uruguay existen sindicatos policiales, aunque la dirigencia política argentina prefiere no darse por enterada.

Cr. Livio Fernández

Secretario General

Policías Autoconvocados por un Salario Justo