El fiscal federal Patricio Sabadini ha iniciado una investigación sobre el presunto lavado de activos por parte de la familia de Ramón «Tito» López, señalando irregularidades en la gestión de fondos públicos en Chaco. Los primeros informes indican un posible patrón de fraude relacionado con el uso indebido de fondos provenientes del extinto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y otras entidades gubernamentales.
Las fundaciones implicadas en la investigación incluyen la Fundación Los Dueños de la Raza, la Fundación Buen Vivir y Trabajo, y la Fundación Construyendo País, todas vinculadas a miembros de la familia López. Análisis preliminares revelan discrepancias significativas entre la facturación de estas fundaciones y la falta de evidencia de actividades económicas sustanciales, lo que podría indicar la existencia de «facturación apócrifa».
Sabadini también ha denunciado que la familia López habría formado una asociación ilícita para apropiarse de 3.000 hectáreas de tierras fiscales, vendiéndolas a precios notablemente inferiores al mercado, lo que habría generado significativas ganancias ilegales con la complicidad de altos funcionarios públicos de la provincia. La investigación continúa en curso, y se están analizando pruebas para determinar el alcance de la organización y la responsabilidad de los implicados.
LA FUNDACIÓN LOS DUEÑOS DE LA RAZA
En el período 2020 facturó exclusivamente al Ministerio de Gobierno y Trabajo por un total de $ 509.265,66. En 2021, emitió 20 facturas a $ 1 cada una y una factura al Ministerio por $ 59.913,61. Para 2022, la fundación facturó $300.000 a personas físicas y $ 2.610.000 al IAFEP, alcanzando un total de $2.910.000. En 2023, la facturación al IAFEP ascendió a $ 71.007.984.
A pesar de estos ingresos, no se recibieron facturas correspondientes a compras en 2020, 2021, 2022, y solo $ 636.520 en 2023. Además, se constató que la fundación no cuenta con bienes muebles, inmuebles, ni empleados, y su domicilio es el mismo que el de otras fundaciones vinculadas a la familia López.
FUNDACIÓN BUEN VIVIR Y TRABAJO
Desde 2017 hasta 2019 facturó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con montos que variaron desde $ 679.250 en 2017 hasta $ 67.428,11 en 2019. En 2020 y 2021, la facturación ascendió a $ 2.143.956,78 y $ 1.739.864,28, respectivamente. A partir de 2022, la fundación facturó exclusivamente al IAFEP, con montos que llegaron a $ 12.096.289 en 2022 y $29.540.708 en 2023.
Sin embargo, las facturas recepcionadas presentan disparidades significativas, especialmente en 2022, cuando no se recepcionaron facturas a pesar de una facturación de $ 12.096.289. La fundación también carece de bienes y empleados y comparte el mismo domicilio que otras fundaciones vinculadas a la familia López.
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO PAÍS
Comenzó a operar en mayo de 2022 y su primera factura emitida fue al IAFEP en septiembre de 2022. En 2022, la fundación facturó $ 570.000, y en 2023, $ 46.605.004. A pesar de estos ingresos, las facturas de compras y gastos en 2023 fueron solo $101.080. La falta de congruencia entre facturación y gastos, junto con la inexistencia de bienes y empleados, sugiere para Sababini la posibilidad de «facturación apócrifa».
(MAS CONTENIDOS – CON INFORMACIÓN DE DIARIO CHACO)