Unas 150 personas tomaron el predio donde se construyen 20 viviendas en El Espinillo, parte de un plan de 32.
Son integrantes de pueblos originarios que denuncian el “manejo político” de las viviendas y aseguran que ya tienen “nombre y apellido” a pesar de que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda asegura que el proceso de adjudicación es absolutamente transparente.
El titular del organismo: Diego Arévalo, reclamó a la Justicia el inmediato desalojo de la obra y dispuso la paralización de la misma.
Sin embargo, Gerónimo Roggero, fiscal de Juan José Castelli, ya arbitró los medios pero no consiguió que los usurpadores depusieran su actitud y exigen ser adjudicados directamente.
La Policía está en el lugar pero aún no adoptó medida alguna tendiente al desalojo.
HDP Noticias