por Marilin Canata – Hace unas semanas, el Ministerio de Seguridad y Justicia, puso en funcionamiento 90 aparatos, como parte del Plan de radarización provincial, que prevé la colocación de 600 en total.
Según la comunicación oficial, momentáneamente no estarán cobrando multas, y en realidad es porque aún no están aprobados, pero al menos, ganan tiempo preparando un nuevo método recaudatorio.
Uno recorre kilómetros y kilómetros de ruta, jamás encuentra (en el interior al menos) controles preventivos. Si pasa algo, uno queda a la deriva esperando ayuda, sin embargo, allí se cobrarán multas. Entonces, lejos del discurso que el sistema será informativo y educativo este, solo tiene el fin de incrementar las arcas de un estado, a costa de cualquier cosa. Invertir para ganar, esa es la clave, siempre metiendo la mano en los bolsillos. Y ojo, por supuesto que estoy a favor que se respeten las velocidades y sé que las cámaras sirven para cuidarnos (quizás también puedan utilizarlas para controlar en tráfico de durmientes y la tala), lo que estoy en contra, es que se sea abusivo en la penalización, porque es meramente económica.
Se trata de un estado que busca recaudar a través de radares, fotomultas y supuestas infracciones, cuyo soporte jurídico es una LEY que solo le da derechos (arbitrariamente) a una parte, porque el «supuesto infractor» debe pagar en silencio, porque no existen métodos de refutar absolutamente nada. Un Estado que otra vez, busca aumentar sus ingresos con el presupuesto de la clase media.
Para la correcta aplicación, debe contar con cartelería informando sobre la estación del radar, no estar escondidos; perfectamente señalizadas las velocidades máximas; el uso de reductores de velocidad al ingreso de zonas urbanas, previendo instalar semáforos con segunderos, entre otras tantas cosas, o mejor dicho que el ESTADO, alguna vez, cumpla con algo.
En la teoría, los recursos económicos que se obtengan de las multas serán destinados al Fideicomiso de Fortalecimiento de la Policía del Chaco, con el fin de continuar invirtiendo en equipamiento, logística y elementos de seguridad vial. Poco se habla de la transparencia al momento del cobro, que organismo controlara, de arreglar las rutas y caminos rurales de nuestra provincia. Utópicamente, esperare que lo recaudado vaya de una vez por todas, por ejemplo para al menos enripiar los 140 km de la Ruta Provincial Juana Azurduy, que se cansaron de anunciar y recibir presupuesto y NUNCA pavimentaron ni un kilómetro, doy ideas para que usen los fondos, y que la eterna promesa del Gobernador, se haga realidad, porque los que habitan allí padecen la desidia, de unos pocos que encontraron otra forma más de joder al pueblo.
Marilin Canata – Vicepresidente 3 del Comité Nacional UCR