Desmintió que en su gestión se hayan dictado resoluciones para favorecer a empresas y que la causa no debería haber llegado a juicio. «Me partieron al medio, con esto se acabó mi carrera política», reprochó quebrada.
«Quiero declarar, pero no ahora», había dicho hace exactamente dos meses la ex intendente de Resistencia e imputada por presunto lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y asociación ilícita y otros delitos precedentes relacionados, Aída Ayala.
En el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ayala brindó una extensa declaración indagatoria por la causa que se conoció popularmente como Lavado II. La ex diputada nacional se despegó de las acusaciones en su contra, indicó que por su trabajo logró tener un vehículo y una casa y que esta causa le costó el divorcio. «Los hombres se asustan a veces y sabíamos lo que comíamos, lo que comíamos, lo que vivíamos, qué comprábamos, lo saben todos los vecinos», dijo entre lágrimas.
Respecto a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, expresó que su gestión no impulsó Resoluciones a medida para favorecer negociados y que quien ejerce la intendencia, por estamento, no tiene contacto con los proveedores. También cuestionó cómo continuó el contrato con Pimp SA en siguientes gestiones si «eran todos corruptos», haciendo referencia a los cuestionamientos de la Justicia.
Siguió en esa línea cuestionando la continuidad del contrato que se logró, contó, llamado a licitación en el Boletín Oficial provincial y que en cada intervención no solo firmó ella, sino también funcionarios que forman su equipo, al que insistió definir como «el mejor». Tomando distancia entonces de conformar una banda, Ayala agregó que en consecuencia no se enriqueció ni lavó activos.
«Ojalá puedan entender que no somos todos los mismos. Dejé mi vida por la ciudad de Resistencia», aseguró quebrada Ayala y añadió: «Sé que me van a recordar como una buena intendenta, pero estos señores me partieron al medio, con esto se acabó mi carrera política. Esto no es justo. Solamente estoy pidiendo verdad y justicia».
«Ojalá puedan entender que no somos todos los mismos. Dejé mi vida por la ciudad de Resistencia», aseguró quebrada Ayala y añadió: «Sé que me van a recordar como una buena intendenta, pero estos señores me partieron al medio, con esto se acabó mi carrera política. Esto no es justo. Solamente estoy pidiendo verdad y justicia».
DE QUÉ LA ACUSAN
«Al frente de la organización aparecen Aida Beatriz Ayala y Jacinto Amaro Sampayo que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas», comienza el fiscal federal, Federico Carniel, su descripción del origen del delito.
La organización nació con la creación de PIMP SA y con su intervención en el proceso de licitación municipal N° 10/14 iniciado en el mes de febrero del año 2014, aunque el requerimiento hace un análisis de sociedades y comportamientos previos a la firma.
A Ayala y Sampayo se los acusa de «conformar una organización con la finalidad de apoderarse ilegitima y deliberadamente de fondos provenientes del erario de la Municipalidad de Resistencia, por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad: Daniel Alejandro Fisher, entre otros, en el caso de la exintendente y de Carlos Alberto Secundino Huidobro, entre otros, en el caso del ex presidente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia.
«Para lograr su cometido, la organización manipuló los procesos de licitación lanzados desde la municipalidad de Resistencia, logrando la adjudicación al grupo empresario conformado especialmente con esa finalidad, beneficiándose de esta manera las personas físicas y sociedades comerciales constituidas a tal efecto, integradas esencialmente por personas que habrían actuado directamente bajo la esfera de Ayala y Sampayo», acusó el MNF.
Las maniobras detectadas por el fiscal Federico Carniel tienen que ver con el ingreso de dinero provenientes del Municipio de Resistencia; conversión de fondos líquidos en bienes de capital; retiros de dinero por parte de los socios de las empresas que no se encontraban justificados ya sea en la distribución de dividendos o, utilidades de las firmas, u honorarios relacionados al ejercicio de un cargo o función dentro de las mismas; facturaciones elevadas y consecutivas bajo el ropaje de honorarios profesionales por parte de los imputados que al no integrar formalmente la empresa, lo hacían bajo esos conceptos, dejando así en evidencia su carácter de socio oculto, logrando de esta manera obtener su parte del producido de las empresas; ser usuarias de facturación apócrifa detectada por AFIP, entre otras. Diario Chaco