El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, declaró este lunes en una causa que investiga presuntos casos de corrupción en la obra pública. Lo hizo en carácter de testigo -a petición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- La semana próxima lo hará Alberto Fernández, y luego Sergio Massa.
Jorge Capitanich prestó declaración testimonial, por pedido de Cristina Kirchner. Capitanich fue convocado como el resto de exjefes de gabinete de la gestión kirchnerista, responsable de firmar los presupuestos que incluían las partidas para los cuestionados contratos viales que recibió Lázaro Báez. El gobernador chaqueño negó cualquier favoritismo, tanto para Santa Cruz como para Báez.
Después de la declaración de Carlos Zannini, realizada la semana pasada, este lunes fue el turno de Jorge Capitanich.
“Las decisiones administrativas que apliqué siempre fueron sin la injerencia de la presidenta de la República”, dijo al iniciar su declaración el exjefe de Gabinete.
El primero en formularle consultas al testigo fue Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta. Cuando le preguntó si conocía que se asignara a Santa Cruz fondos desproporcionados para hacer una inversión en obra vial, el ex jefe de gabinete dijo que la provincia «podía disponer conforme el plan de infraestructura» y reforzó el concepto al decir que «no advierto parcialidad manifiesta».
El dictamen acusador sostiene que Lázaro Báez recibió el 11,2% del presupuesto nacional del organismo vial, que además, «de los 83 contratos que se licitaron en Santa Cruz, 51 fueron ganados por su holding». Esto fue desmentido por Capitanich. En otro tramo de su declaración testimonial, el gobernador chaqueño dijo que nunca recibió instrucciones «directas o indirectas de la entonces presidenta» para favorecer a Santa Cruz con fondos para obra pública vial y que «nunca se puso nombre y apellido a las plantillas anexas ni advertí jamás observaciones particulares».
En el listado de los 16 imputados en esta causa, la vice es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Báez, según sostiene el requerimiento fiscal tras analizar 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.