Avanza una de las causas más trascendentes por lavado de dinero del narcotráfico en la justicia federal del Chaco.
Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió confirmar los procesamientos de Gabriel Morón, Gladys Peregal, Ariel Morón, Sergio Salomone, Viviana Tejero, Leonardo Carrena y Pablo Buscaglia como autores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por ser parte de una asociación ilícita.
Se trata de una las ramificaciones de la causa denominada “Carbón Blanco” por la que se comprobó el contrabando a Europa de miles de kilos de cocaína camufladas en bolsas de carbón vegetal embaladas en la ciudad chaqueña de Quitilipi.
A principios de diciembre de 2020, el juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, había procesado a los imputados por considerar que “formaron parte del entramado delictivo como presuntos miembros de una asociación o banda dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes del ilícito fuente (contrabando de estupefacientes) con la finalidad ulterior de promover el blanqueo de capitales obtenidos de modo espurio”. En ese contexto, los investigadores consideran que los imputados actuaron como presuntos testaferros del abogado Carlos Salvatore, quién falleció cumpliendo una condena a 21 años de prisión por el tráfico de cocaína a Europa.
EL OPERATIVO “CARBÓN BLANCO” EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES
En la primera causa residual por lavado de activos (derivada del caso “Carbón Blanco”) fue condenada la esposa, el suegro y el socio de Carlos Salvatore. En tanto, en otra investigación actualmente en curso se intenta determinar la responsabilidad penal de los funcionarios de Aduana que no controlaron el contenido de los cargamentos de carbón vegetal en donde se camuflaron toneladas de cocaína que se contrabandearon a puertos de España y Portugal.
Las dos resoluciones, a las que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fueron dictadas el viernes 4 de junio y llevan las firmas de los jueces Eduardo Belforte, Fernando Carbajal (conjuez) y Patricia García (subrogante). En las mismas, el tribunal de segunda instancia desestimó las apelaciones de las defensas de todos los imputados confirmando la resolución del juez Aranda. En ese contexto, también resolvieron anular las prisiones preventivas y ordenar al magistrado de primera instancia que vuelva a analizar la situación de cada uno de los imputados.
Vale recordar que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ya había concedido las excarcelaciones a Morón, Peregal, Salomone y Tejero. Sin embargo, esas resoluciones fueron apeladas por el fiscal general Federico Carniel y la querellante Unidad de Información Financiera (UIF) y revocadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó que se vuelva a dictar una resolución teniendo en cuenta sus fundamentos, lo que conllevaría que se ratifiquen las preventivas ante la posibilidad de fuga o que los imputados entorpezcan la investigación, teniendo en cuenta que la pena mínima por los delitos imputados superan los tres años y equivalen a prisión efectiva.
A la par de los procesamientos, quedaron también firmes los embargos millonarios dispuestos por el juez Aranda para Morón, Peregal, Salomone y Tejero por 425 millones de pesos cada uno y a Ariel Morón por 225 millones de pesos, a quién el juez le impuso normas de conducta pero permanece en libertad.
PROCESADOS SIN PREVENTIVA
En la otra resolución, la Cámara Federal también confirmó los procesamientos aunque sin prisión preventiva del contador Leopoldo Carrena y del escribano Pablo Buscaglia, quienes habría contribuido con Salvatore al participar de operaciones de compra de distintos inmuebles con dinero obtenido de hechos ilícitos.
Para el juez Aranda, Carrena fue uno de “engranajes principales” de la organización delictiva encabezada por Salvatore, “a efectos de lavar activos provenientes del delito de narcotráfico, a través de la adquisición, administración, venta y circulación de bienes muebles registrables, inmuebles y títulos valores, y detalló con ese fin once hechos con relevancia típica”.
El contador Leopoldo Carrena es considero un “engranaje principal” en la banda liderada por Salvatore
Sobre Buscaglia, el magistrado consideró que “también habría integrado dicha organización, con el aporte de su calidad de escribano público, en forma reiterada, y en conjunto con otros profesionales (contadores y abogados, entre otros), en diversas operaciones inmobiliarias, que tuvieron lugar durante un determinado lapso (2005/2018), con el objeto de poner en circulación activos originados en las maniobras delictivas, con la finalidad de que adquirieran apariencia de origen lícito”.
fuente: Chaco Día por Día