Según fuentes gremiales, sería la última audiencia o última chance de solución antes de avanzar con medidas de fuerza, cuya fecha o magnitud no fueron aún establecidas.
En una nueva audiencia llevada a cabo este miércoles en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras representativas de las empresas del sector del transporte urbano de pasajeros no lograron alcanzar ningún acuerdo respecto al espinoso tema de la paritaria salarial que enfrenta a ambas partes.
De todas maneras, se acordó continuar con las negociaciones, fijando una nueva fecha para el próximo viernes 2 de febrero de 2024 a las 14:30 en la sede de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, fuentes gremiales advirtieron que si el viernes no se llega a un arreglo, sería la última audiencia o última chance de solución antes de avanzar con medidas de fuerza, cuya fecha o magnitud no fue aún establecida. «Creemos que es la última audiencia», anticipó un vocero.
En el encuentro de este miércoles las cámaras empresarias ratificaron el ofrecimiento formulado en la audiencia anterior. Sostuvieron que, desde las reuniones mantenidas en la Secretaría de Transporte, no han surgido variantes en los ofrecimientos de considerar mayores costos, ya sean salariales o no salariales. Alegaron la imposibilidad y la negativa contundente a recalcular costos a diciembre en ambos rubros, expresando que el sector está operando con ingresos calculados hasta septiembre, lo cual llevó a «endeudamiento, descapitalización y asunción de costos financieros no reconocidos». La incertidumbre -según las empresas – se suma a la paralización del aumento tarifario por una medida cautelar vigente.
Las empresas reiteraron su propuesta de mejora salarial que consideran ajustada a la realidad económica. Argumentaron que su oferta del 25% de incremento para enero/24 y un 20% para febrero/24, sumado a $60.000 no remunerativos, representa un acumulado del 65%, superando las estimaciones inflacionarias del mercado. La propuesta, sin embargo, está condicionada a la aceptación por parte de la asociación sindical y a la agilización del Ministerio de Infraestructura/Economía para incorporar los mayores costos.
A su turno, la parte sindical expresó que el sector se encuentra en «emergencia», no solo por la situación económica manifestada por las empresas, sino también por la falta de cumplimiento de lo acordado en el Acta del 25 de octubre del 2023, homologada por el Ministerio de Trabajo. Este acuerdo establecía la revisión y evaluación de las condiciones del poder adquisitivo de los salarios en diciembre del 2023, con un ajuste en caso de demora.
Además, los representantes sindicales urgieron la resolución del ajuste salarial para enero y febrero del 2024. Propusieron un salario básico de $777.700 para enero y $972.125 para febrero, con tres cuotas no remunerativas de $42.307. La posición sindical subrayó la urgencia de cumplir con los acuerdos previos y la necesidad de no afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ambas partes coincidieron en responsabilizar al gobierno, especialmente a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Economía, por la falta de soluciones a la crisis del sector.
Fuente: El Cronista