El caso involucra a Antonio Alcalá, funcionario de la AFIP y hermano de Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Una jueza se apartó de la investigación y otro juez también intentó inhibirse, pero finalmente quedó a cargo del caso
La investigación arrancó en diciembre de 2022 y apuntaba a una maniobra de contrabando de granos entre el Chaco y Paraguay. El portal Infobae indicó que en febrero de este año, la Justicia autorizó a que se realicen escuchas telefónicas sobre varios de los implicados. Los audios revelaron datos desconocidos y se encendieron todas las alarmas en la justicia federal de la provincia ya que uno de los implicados es Antonio Alcalá, hermano de Rocío Alcalá, la presidenta de la Cámara Federal de la capital provincial. Por ese motivo, «nadie quiere quedarse con la causa: la jueza que estaba a cargo se excusó y otro juez federal también pidió apartarse», indicó en su nota el periodista Nicolás Pizzi.
La investigación, a cargo de la Gendarmería, apunta al «contrabando de granos y oleaginosas y actos de corrupción». En total, hay unas 15 personas investigadas. Pero el nombre de Antonio Alcalá, un funcionario de la AFIP, sorprendió a todos. «Una de las personas que podría estar involucrada en la hipótesis delictiva investigada seria quien ostenta el cargo de Jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera – DIV. FISCALIZACIÓN NRO. 2 (DI RRES)», dice una resolución de la Cámara Federal de Resistencia.
¿En qué consistía la maniobra? «Daban de alta las cartas de porte, pasaban los controles y llegaban hasta Clorinda (en Formosa). Luego daban de baja la guía y cruzaban a Paraguay», resumió una fuente judicial consultada por el sitio.
Alcalá, que trabaja en la AFIP desde 2007, aparece en las escuchas. «Daba indicaciones para el proceso de dar de alta y de baja las guías de porte», señalaron las fuentes. Cuando la investigación se encaminaba a una serie de allanamientos, la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del juzgado federal 1 de Resistencia, pidió apartarse por su vínculo con la hermana de Alcalá, su superior directo. Concretamente, dijo que las une un «vínculo o relación de gran afecto y amistad» y fundó su planteo de inhibición en el artículo 55 inc. 11 del Código Procesal Penal de la Nación, publicó Infobae.
Pero también el juez Ricardo Mianovich, titular del juzgado federal 2, pidió no intervenir. Argumentó que la presidenta de la Cámara Federal de Resistencia ejerce la Superintendencia sobre su jurisdicción y que los une «un vínculo de afecto». Es más, sostuvo que al hermano de Alcalá también lo conoce porque fueron compañeros de equipo de básquet del Club Hindú́, en la ciudad de Resistencia.
El caso llegó entonces a la Cámara Federal, donde la jueza Alcalá tuvo que apartarse y la definición quedó en manos de la camarista María Delfina Denogens.
Esa jueza terminó aceptando la inhibición de Niremperger y dejó la investigación a cargo del otro juez federal de Resistencia. «Realizado un análisis de las principales actuaciones de la incipiente causa y de las consideraciones de ambos Magistrados, advierto que la Dra. Zunilda Niremperger manifestó́ sentirse conmovida en su espíritu para avanzar en la presente instrucción, alegando violencia moral», sostuvo la camarista.
En la justicia federal advierten que este conflicto de competencia atentó contra el avance de la investigación.
En los tribunales federales de Resistencia están acostumbrados a lidiar con causa de contrabando de soja. De hecho, a fines del año pasado, en otro expediente, la jueza Niremperger ordenó 15 allanamientos en depósitos, galpones, complejo de cabañas e inmuebles ubicados en cuatro provincias. En esos operativos se incautaron unos 300 kilos de soja. Fuente: Norte