Sobre los tres dirigentes pesan graves acusaciones por parte de más de 30 ex trabajadores de su movimiento. La causa tiene más de 13 años y se reactivó hace más de un mes.
A poco más de un mes de la reactivación de la causa contra Emerenciano Sena por trata de personas, el fiscal federal Patricio Sabadini realizó el requerimiento de instrucción judicial y pidió que se le tome declaración indagatoria al dirigente piquetero, a su esposa Marcela Acuña y a Osmar Quintín Gómez acusados de defraudación a la administración pública.
La causa surgió a raíz de la denuncia que hizo Sergio Schoklender en 2010, cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.
La investigación se reactivó tras conocerse el caso Cecilia Strzyzowski y hoy los tres mencionados en esta causa se encuentran detenidos por otras causa: el matrimonio Sena por el femicidio de su nuera y Quintín Gómez por un supuesto abuso sexual.
La denuncia de más de 30 personas y alguno de los relatos de ellos, hace que Sena, Acuña y Gómez estén involucrados en el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas.
Sabadini entiende que los dirigentes habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, «engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían».
«Los acusados además se han valido del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo», relata y agrega el abuso de autoridad que aparentemente ejercieron.
«No solo los trabajadores fueron obligados a cumplir extensas jordanas laborales, sino que también eran obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el movimiento que se realizaban fuera de la jornada laboral», añadió el fiscal.
Otro de los comportamientos endilgado a los imputados tiene que ver con la retención e impago de salarios. Operarios declararon «que algunos meses no cobraron mientras realizaron el alambrado y cercado del predio, también cuando manifestaron que parte del salario que percibían debía ser entregado obligatoriamente para la mantención del movimiento, sea para la compra de herramientas, ropa de trabajo alimentos, realización de remeras y pancartas ect. o cuando les entregaban comprobantes por un salario menor al que realmente percibían», relata el documento.
Por si no fuera suficiente, surge de la declaración de los obreros, que pudo haber engaño y falsas promesas sobre el tipo y las condiciones trabajo, restricciones de salidas en el lugar de trabajo, falta de posibilidades de higiene, seguridad y alimentación adecuada y coacción psicológica (amenazas) y maltrato verbal.
Para el Ministerio Público Fiscal, los tres dirigentes «sometían a los obreros a gritos y amenazas constantes, malos tratos, insultos, les decían que, si no les gustaba, que se vayan, que había mucha gente que quería trabajar y que no volvieran a contradecirlos porque ya sabían lo que les iba a pasar, que no reclamen dinero porque parecían prostitutas».
La investigación que compromete a los Sena podría ser el delito precedente al supuesto lavado de dinero, delito que podrían imputarle, por los más de $ 5 millones encontrados en la Santa María de Oro al 1.400 el día del allanamiento por el caso Cecilia, aquel 9 de junio que terminaron detenidos. Fuente: Diario Chaco