La familia de Jorge Cura planteó ante la justicia la nulidad del fallo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 que concedió la autorización para que se radique en España a María del Rosario Frank, condenada por la muerte del empresario chaqueño.
El abogado de la familia Cura, Sergio Augusto, dialogó con Diario Chaco y compartió la indignación de sus representados ante la decisión del Juzgado de Ejecución Penal. Además, aseguró que tanto la querella como la fiscalía no fueron informados ni de la petición de la mujer para radicarse la ciudad española de Valladolid.
“La indignación de la familia es muy fuerte. Querían que la muerte de Jorge Cura, una persona tan querida en la ciudad, no quede en vano y que por lo menos sirva para tomar conciencia”, expresó.
«Cuando ingresé a la plataforma del Poder Judicial, donde vemos los trámites del expediente, ahí me anoticié de que a la condenada Frank se le había concedido el beneficio de cambio de radicación de esta ciudad a la de Valladolid, España”, detalló Augusto y explicó que “inclusive, cuando la condenada hizo su pedido, correspondía que se nos corra a traslado como parte querellante, al igual que al fiscal y eso no ocurrió. Se hizo por una decisión unilateral del juzgado”.
Consultado sobre los pasos procesales a seguir, el abogado indicó que esperan la respuesta al planteo de la nulidad presentado: “Consideramos que ese decreto que autoriza a la condenada a residir en otro país es nulo porque no se nos escuchó a nosotros, no se nos pidió opinión al respecto y tampoco porque se cursó a la vista del fiscal».
“Sin perjuicio de eso, paralelamente, interpusimos un recurso de reposición en el cual le solicitamos al tribunal que se revoque el decreto que la acredita. Esperamos que nos notifiquen del resultado del mismo”, agregó.
Augusto sostuvo además que el pedido de Frank se realizó desde España misma: “Ella está residiendo allá, inclusive desde la ciudad Valladolid es que pidió este cambio de radicación y fue autorizada por el juzgado de control de la sentencia, que la modificó sustancialmente”.
Frank “pidió está autorización porque está haciendo un curso de nutrición en esa ciudad, que culmina en el año 2022. Más allá de eso, nos parece realmente inaceptable como parte querellante como una persona con condena firme, por el motivo que fuere, cumpla la condena que tampoco podemos comprobar”
“Eso es lo grave; porque a la par de la pena de prisión que, aunque fue en suspenso, se dictó la pena de inhabilitación para conducir y nosotros desconocemos si esta persona está conduciendo en el extranjero”, explicó el abogado sobre los motivos del pedido de nulidad de dicha autorización.
En esa línea, recordó que “a la par de eso se impusieron reglas de conducta, de un curso de capacitación vial, por un lado, de fijar residencia, pedir autorización, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes y 80 horas de trabajo comunitarios, que debía realizarse en los controles de tránsito de la ciudad de Resistencia. Eso quedó firme y no lo está cumpliendo, y eso es lo que reclamamos”.
Para Augusto y la familia Cura, tras la decisión del Juzgado de Ejecución penal, “la sentencia queda como una mera declaración y no tiene ningún sentido, cuando se vulnera de esta forma una condena firme”.
“La verdad que la familia se siente burlada; porque en un primer momento, hemos pedido la pena de prisión en suspenso, no queríamos efectiva, pero de haber conocido el comportamiento del Juzgado de Ejecución, por un lado, en la manera en que actuó, y de la condenada, hubiésemos pedido una pena de prisión efectiva”, sostuvo el letrado.