Hace casi un año, dos mujeres fueron detenidas en San Martín luego de las múltiples transacciones, con varias tarjetas de débito, que realizaron en un cajero automático. Insólitamente, un día después, en ese mismo cajero atraparon a un hombre de 45 años y una mujer de 28 siguiendo un similar modus operandi. Los cuatro capturados lograron extraer casi $ 600.000.
Este jueves, alrededor de las 13 horas, la historia volvió a repetirse. Un hombre de 36 años, también de la ciudad de General San Martín, despertó sospechas al manipular varias tarjetas de débito en un cajero automático. En su poder, tenía siete tarjetas de débito, una de Mercado Pago, dos tickets de movimientos bancarios y $ 46.000 en efectivo.
Las tres historias se unen a otra de mayor dimensión que expone este tipo de ilícitos en el interior, en el que personas ofrecen préstamos con exorbitantes intereses y con condiciones ilegales: retención de tarjeta de débitos y hasta de documentos de identidad.
Una red con estas características es la que la Justicia provincial logró intervenir en agosto de 2022 . En Villa Ángela, luego de múltiples allanamientos, secuestraron 269 tarjeta de débito correspondiente a distintos planes sociales, 3 celulares, un cuaderno con anotaciones, DNI de distintas personas y la suma aproximada de $1.200.000 en efectivo.
Tanto impacto provocó el hecho que la fiscal Gisela Oñuk brindó una conferencia de prensa acompañada del procurador general de la provincia, Jorge Cantero, autoridades del Ejecutivo y de jefes de la Policía del Chaco. En aquella oportunidad, no se descartó que la red de usura opere también en Resistencia.
La «cueva financiera», como definió la Policía del Chaco a la panadería de Villa Ángela que había sido allanada, recibía tarjetas de beneficiarios de planes sociales a cambio de préstamos con «intereses exorbitantes y como garantía para cobrarse la cuota, retenían la tarjeta de débito y el documento». Toda la intervención, de esta manera, se enmarca en el artículo 175 bis del Código Penal Argentino referido al delito de usura y también al delito de retención de un documento público.
«Nos llamó la atención la gran cantidad de tarjetas de débito que se secuestró porque lo que nosotros deducimos, de acuerdo a todos los elementos que tenemos, es que la persona que está detenida se aprovechaba de grupos vulnerables», indicó Oñuk que en aquella oportunidad definió con dureza el hecho: «Manejaban la vida económica de estas personas que tenían necesidades».
LAS PALABRAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Autoridades del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, compartieron un comunicado en el que señalaron, sobre el último caso ocurrido en San Martín, que «intervino directamente en el caso la Policía de la provincia bajo la carátula de usura».
Desde el Ministerio ante este tipo de actos ilegales, de ser asociadas a políticas sociales, se presenta una denuncia ante la Justicia ordinaria, la que realiza la investigación y de comprobarse el delito, se activan mecanismos de sanción que van desde la interrumpir las transferencias sociales directas en caso de que se trate de un programa provincial, o bien informar a esferas nacionales sobre la irregularidad.
Las denuncias se pueden realizar de forma gratuita y anónima al 0800-888-9222, de manera digital a gobiernodigital.chaco.gob.ar y gobiernoabierto.chaco.gob.ar, o bien de forma presencial al Centro de Gestión, ubicado en Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear 145).
En esa línea además se puede informar sobre estos casos de fraude a la división Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía en sus redes sociales de Twitter e Instagram @Cibercrimen_Chaco o Departamento Cibercrimen en Facebook, o a la línea telefónica 03624- 434127.
Personalmente pueden dirigirse al Área Becas del Ministerio de Desarrollo Social, en avenida Marconi 560 de Resistencia, o comunicarse por correo electrónico a [email protected], teléfono 362-4220015. Diario Chaco