Lo solicitó el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ante el juzgado Federal 2.
Fue tras una denuncia penal realizada por el exdiputado, Ricardo Sánchez, en representación del intendente de la capital chaqueña, Gustavo Martínez, por presuntas irregularidades en la convocatoria al acto eleccionario del Sindicato de Trabajadores Municipales previsto para el 11 de diciembre próximo.
La fecha de las elecciones para renovar las autoridades gremiales en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia se convirtió en una gran incógnita, como así también el futuro de la conducción del gremio.
Este viernes, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al juez Federal 2, Ricardo Mianovich, la suspensión del comicio previsto para el 11 de diciembre próximo y la intervención judicial del sindicato.
Fue tras recibir una denuncia penal por parte del exdiputado provincial, Ricardo Sánchez, quien, en representación del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, alertó sobre presuntas irregularidades en la convocatoria al acto electoral realizada por la comisión directiva. Todo esto en el marco de la causa que pesa contra el secretario General del STM, Jacinto Sampayo y otros integrantes del gremio por el presunto uso de la estructura del sindicato como fachada de una financiera paralela.
¿Qué dice la denuncia? Sánchez, en calidad de querellante de la causa por la presunta mesa de dinero ilegal, indicó que la convocatoria realizada por la Junta Electoral del Sindicato de Trabajadores Municipales el 23 de septiembre pasado está “plagada de irregularidades”.
En primer lugar, recordó que el artículo 31 del Estatuto del STM determina que para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere desempeñar o haber desempeñado funciones en los cuerpos orgánicos del Sindicato o como delegado del personal durante un período no inferior a dos años.
“Es decir que únicamente pueden ser candidatos (…) los que integran el Sindicato o son delegados del personal. Más allá de la absoluta falta de democracia que ello conlleva (lo que no es motivo de esta presentación) lo concreto es que los mismos investigados en la presente causa penal son los únicos autorizados por el Estatuto para ir de candidatos a la elección”, denunció Sánchez.
“Esto conlleva el despropósito de que la Justicia Federal está llevando adelante una investigación que no sólo puede ir contra el señor Sampayo (que ya está procesado) sino también contra el resto de la Comisión Directiva y por otro lado esta Comisión Directiva se prepara para –de ganar- tener un nuevo mandato de cuatro años. Toda una burla al accionar de la Justicia Federal”, añadió.
Por otra parte, Sánchez puso en duda la vigencia de la personería gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia debido a la fuerte sangría de afiliados que padeció el gremio en los últimos tiempos.
“La Ley de Asociaciones Sindicales (…) exige como requisito para la obtención de la personería gremial que la asociación sindical afilie a más del 20% de los trabajadores que intenta representar, lo que le otorga el carácter de suficientemente representativa. En este sentido, cabe decir que ante un universo de 5 mil trabajadores municipales, el sindicato tendría que tener 1000 afiliados. Es verdad que los tenía, pero ya no. Las irregularidades cometidas durante tantos años, las desafiliaciones e incluso la falta de confianza en el trabajo sindical de la Comisión Directiva y de Sampayo fuero mellando al sindicato. Hoy me atrevo a decir que no llegan a los 200 los que continúan pagando la socia societaria”, aseguró y recordó que luego de un lapso de tiempo en esta situación se pierde el carácter de afiliado. “Esto aplica en forma automática por lo que hoy el Sindicato carece en forma absoluta de representación y de legitimidad para llevar adelante el acto eleccionario”, abundó.
A todo esto, le sumó el hecho de que “no resulta clara” la elección de quienes fueron designados en la Junta Electoral y también comentó el caso del presidente de dicha junta, Walter Pedraza Della Valle, quien actualmente está en medio de un litigio por una presunta incompatibilidad.