En su discurso, habló de la política salarial, estructura de cargos, obras, acceso a Justicia, coordinación de pueblos indígenas y capacitaciones.
El juez Víctor del Río juró este viernes como presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco desde su ingreso en 2021. Lo hizo durante un acto realizado en el salón auditorio del máximo tribunal provincial en la ciudad de Resistencia.
Estuvieron presentes sus pares: Emilia María Valle, Alberto Mario Modi, Enrique Varela e Iride Isabel María Grillo; el gobernador Leandro Zdero, la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado; el procurador general Jorge Canteros y la defensora general Alicia Alcalá. Así como el presidente subrogante del STJ de Formosa Guillermo Alucín; el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo Jorge Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas José Alejandro Abraam; el diputado nacional Aldo Leiva y legisladores provinciales.
El orden de subrogancias para 2024 será: Valle, Modi, Varela y Grillo. En tanto que las salas quedaron integradas de la siguiente manera: Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Varela (presidente) y Modi y Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Grillo (presidenta) y Valle. Mientras que para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Del Río, Valle, Modi, Varela y Grillo.
En su discurso, Del Río puso como ejes a la política salarial, estructura de cargos, obras, acceso a Justicia, coordinación de pueblos indígenas, capacitaciones y planificación estratégica, informática, Instituto Médico Forense.
Agradeció la presencia del Zdero y Delgado en lo que consideró «una muestra del respeto institucional a este poder del Estado»; así como la confianza que sus colegas del STJ depositaron en él para presidir el tribunal.
En cuanto a la política salarial, el juez subrayó que «luego de una serie de reuniones mantenidas con el Poder Ejecutivo provincial y afectados por el contexto inflacionario, se consiguió el dictado de la Ley 3971-A. La revisión entonces, será calculada y percibida en forma trimestral durante el próximo año».
En ese sentido pidió «encontrar una solución definitiva a esta conflictividad. La solución prevista en la ley, es justa, y requiere el pago de la porcentualidad necesaria para alcanzar la media nacional».
Así recordó que el Chaco tiene los jueces con los salarios más bajos del país y, además, una justicia a la que se le asigna uno de los porcentajes más ínfimos dentro de los presupuestos que en 2023 representó 3,25% del total y en 2024 rondará 4,5%.
Más adelante resaltó la decisión de «restringir a su mínima expresión la discrecionalidad para el ingreso al Poder Judicial, siendo el concurso la forma de ingresar como empleado, respetando los listados de aquellos que aprobaron en cada circunscripción judicial».
Luego valoró los concursos realizados para pueblos indígenas y personas con discapacidad que significan «una real inclusión y acceso a justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad».
También repasó las obras realizadas en 2022 y 2023, entre las que destacan los SUM de General San Martín y Charata que serán las salas de audiencia para los juicios por jurados en esas circunscripciones a partir del próximo año; la refacción completa del edificio de Tribunales de Charata, la refacción del Misión Nueva Pompeya luego de los actos que tuvieron lugar en marzo de este año y la ampliación del Juzgado de Paz y Faltas de Miraflores.
Asimismo, Del Río calificó de «imperiosa» la necesidad de continuar con la obra del fuero civil y comercial en las torres de la avenida Sarmiento y la construcción de una sala de juicio por jurados en Resistencia.
«Queremos reconocer el fundamental trabajo de la Coordinación de Pueblos Indígenas. Nexo fundamental entre los pueblos Indígenas y el poder judicial. Su función es primordial para el acceso a Justicia y a la Justicia. De esta manera se van superando barreras idiomáticas, culturales y geográficas. Está conformado por agentes Qom, Wichi y Mocovi y los Peritos traductores e intérpretes de lenguas indígenas», precisó.
Del Río aseguró que «su acompañamiento no solo es judicial sino también extrajudicial. Es una mano abierta y extendida para escuchar sus demandas, es ese espacio donde pueden acudir para encontrar respuestas o ser articuladas con otras dependencias del Estado».
Luego recordó el hackeo a los servidores ocurrido en 2022 y enfatizó que el Poder Judicial del Chaco fue «una de las pocas instituciones públicas que hemos sorteado tal acción delictiva». A partir de este punto detalló que fueron invertidos $455 millones entre 2022 y 2023 en tareas de recupero y medidas de contingencia que de readecuar las políticas de ciberseguridad y respaldo a los nuevos protocolos. Además fue creado el Comité de Seguridad de la Información, entre un amplio abanico de otras medidas de seguridad.
«Seguiremos trabajando incansablemente para mejorar las políticas públicas que hagan a la modernización de la justicia, para asegurar la garantía del plazo razonable, pero esencialmente manteniendo siempre la mirada convencional y constitucional en nuestras decisiones», sostuvo.
«Las respuestas que espera nuestra sociedad provincial son muchas, algunas de ellas acuciantes y desesperadas» y agregó: «en tiempos de crisis, nuestro amparo y refugio está en la Constitución. Sin un Poder Judicial independiente no hay República, no hay vigencia de la Constitución, no hay protección de derechos individuales ni límite alguno al ejercicio abusivo de poder». Fuente: Data Chaco