por RAÚL S. VINOKUROV – Una cuestión tan importante en todo sentido, como es la educación, se ha convertido en tema de discusión como otro producto indeseado de la pandemia. No se está discutiendo la superación de los contenidos, la mejor formación y pago de los docentes ni mejorar la infraestructura general de las escuelas. Mucho menos la calidad de vida del altísimo porcentaje de niños y jóvenes que concurren a ellas. Lo que se discute y es el gran tema nacional, es el cierre, la no presencia de alumnos en las escuelas. Y además reducido casi a la pelea entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires. El DNU del presidente Fernández otorga la facultad de decidir a todas las provincias porque eso es lo legal, pero no le reconoce lo mismo a la ciudad de Buenos Aires y eso es anticonstitucional.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 en su artículo 129 y otros, establece claramente la autonomía de la ciudad, el derecho a elegir sus gobernantes, a constituir su Legislatura y dictar sus leyes, incluida la de Educación. La ciudad de Buenos Aires, en esos aspectos, es una provincia más. Como ejemplo eligen sus tres Senadores, como las otras 23 provincias argentinas. Y todo eso quedó plasmado el 1 de octubre de 1996 cuando se aprueba la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En la discusión política se ejercitan métodos y artimañas, chicanas e información incomprobable, entre otras cosas, pero lo que no se puede aceptar es que no se respeten las leyes y sobre todo la Constitución Nacional. Y mucho más extraño resulta cuando el Presidente del país habla de la decrepitud de la justicia y la vicepresidente expone la teoría de nuevas formas de golpe de Estado. Esto como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo que no hace más que reconocer lo que no puede ni debe desconocerse. Lo fija la Constitución y lo que determina la Corte es inapelable. No hace falta explayarse en que el Presidente es profesor en la Universidad de Buenos Aires y la vicepresidente una exitosa abogada.
Al calificar como decrepitud la opinión de la Corte, el Presidente Fernández expresa que la Constitución es decrépita, vieja, antigua y por consiguiente errada. Para Cristina Fernández reconocer lo normado en la Constitución es un golpe de Estado. Importante tal vez resulte destacar que Cristina Fernández escribió lo que escribió antes que el Presidente dijera lo que dijo.
Como no podía ser de otra manera pasaron muy pocas horas para que aparezcan los dirigentes y operadores políticos de la coalición gobernante argumentando, entre otras cosas, que a los miembros de la Corte Suprema no los elige el pueblo. Gravísimo también, no solo porque no es lo legal, sino porque además encierra una concepción de hegemonizar el poder en detrimento de las mínimas garantías constitucionales y pautas democráticas. Algún intento fallido de reforma de la Constitución ya hubo y del Poder Judicial también.
Por supuesto que los máximos exponentes de estas posturas conocen lo correcto, pero a efectos de la pelea para adentro y para afuera, dicen lo que dicen pensando que eso significa una herramienta que les dará beneficios a corto y mediano plazo. Además, por supuesto, de ponernos el árbol delante del bosque y no ver así los problemas económicos, sociales, judiciales y de salud que tiene el país y que no se vislumbran soluciones adecuadas.
Defender la Constitución Nacional es defender la República, las Instituciones del Estado y defender y sostener la vigencia del Estado de Derecho. Significa no otra cosa que defendernos a nosotros mismos.