El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Carim Peche, junto al diputado Gustavo Corradi, presentaron un Proyecto de Declaración a fin de solicitar a los legisladores nacionales representantes del Chaco, acompañen la aprobación del proyecto de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso en el mundo laboral.
Al respecto señalaron que “este convenio protege a las personas en el mundo del trabajo con inclusión de los trabajadores asalariados y personas que trabajen bajo cualquier situación contractual sea en formación, pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo, individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador en todos los sectores públicos o privados de la economía tanto formal como informal en zonas urbanas o rurales”.
“Según datos del último informe de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, estas situaciones alcanzan el 69% en la franja 26 a 45 años, 25% entre 46 a 56 y un 7% en jóvenes entre 18 y 25 años, en este contexto la violencia o acoso es ejercida en una amplia mayoría de los casos por varones sobre mujeres, precisamente el Convenio 190 de la OIT define esa situación como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, incluyendo al dirigido contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado incorporando el acoso sexual”.
“La incorporación de la norma internacional cubriría un vacío legal en nuestro país dado que, en cumplimiento de los Artículos 4, 5 y 6 del Convenio, se deberá adoptar y adaptar la legislación prohibiendo la violencia y el acoso, elaborar políticas de prevención y combate de estos flagelos, disponer mecanismos de control, facilitar el acceso a programas de apoyo, vías recursivas y de reparación, prever sanciones y educar en la materia, brindado un marco integral al tratamiento de la problemática”