Ante la presentación de un proyecto de ley de reforma laboral presentado por diputados de la UCR, el legislador chaqueño Juan Carlos Polini analizó la iniciativa.
En contacto con Radio Libertad, Polini explicó que el proyecto se realizó en base a un informe realizado por la fundación Alem, que propone modificaciones a la ley laboral presentada por el gobierno nacional. Aunque no firmó la propuesta, explicó que siempre busca contribuir con aportes constructivos y que su ausencia de firma no implica desacuerdo, sino una preferencia por no firmar sin haber participado activamente en la elaboración.
El legislador también enfatizó en la necesidad de proteger a los trabajadores y criticó situaciones como las tomas sindicales que han llevado al cierre de empresas, como el caso de una transportista de Corzuela. Polini subrayó la importancia de abordar estas problemáticas para evitar mayores crisis laborales y sociales en el país.
En cuanto a las disputas internas dentro de la UCR y las tensiones en el Congreso, el diputado se mantuvo al margen de las divisiones partidarias, enfocándose en su labor legislativa y en representar a quienes lo eligieron sin alinearse con una facción específica.
Respecto al tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Cámara de Diputados, Polini expresó su posición ambivalente, reconociendo aspectos positivos y negativos en la medida. Destacó la importancia de evaluar detenidamente el contenido del DNU antes de tomar una decisión final sobre su voto.
Sobre el proyecto
En primera medida Polini comentó: «En la semana se ha hecho una presentación de parte de un grupo de diputados, porque tampoco fuimos todos de nuestro bloque, sobre un trabajo que hizo la fundación Alem, con respecto al tema de una modificatoria, en lo que es el proyecto de la ley de trabajo que presentó el gobierno nacional dentro de lo que es la ley ómnibus o esta ley modificada que presentó ahora».
Seguidamente, explicó que si bien no acompañó el proyecto con su rúbrica «no es que no esté de acuerdo, sino que en realidad no me gusta firmar cuando hago algún aporte, trato siempre de colaborar en algo y si no, no firmo».
En este punto comentó que «en lo personal estoy volviendo a hacer una presentación, sobre lo que es promoción del empleo, que lo presenté hace exactamente dos años y que tiene que ver con la necesidad de que los planes sociales se conviertan en trabajo a partir de una promoción impositiva que le permita al empleador tomarlo, educarlo y poder ponerlo a ese argentino, a esa Argentina en marcha para que sea productiva».
No obstante esto, el diputado se mostró de acuerdo con lo establecido por proyecto:» lo que hace es contemplar situaciones que tienen que ver con el mundo laboral real, con la calle. Los gremios no van a poder parar a una empresa como han hecho acá en el Chaco hace poco tiempo en Corzuela con la empresa Carineli, que terminó cerrando una flota de 18 camiones con 24 empleados importante, y hoy creo que cuatro están trabajando en otras empresas, de 20 que se quedaron sin empleo a raíz de una toma sindical, un bloqueo que generó en este caso la decisión de la empresa de terminar vendiendo todos sus camiones por los problemas sindicales que tenían», ejemplifica.
«Entonces son cuestiones que hay que terminarlas, después las podemos discutir en la forma, pero no puede hacer cualquiera lo que quiera en la Argentina de hoy. Me parece que ya tenemos suficientes muestras de los niveles de pobreza que hemos llegado, de los niveles de desorden, que actualmente estamos también porque esto en realidad tampoco está mejor, pero en algún momento hay que poner un orden en este sentido».
Con respecto a la limitación de la huelga en sectores considerados esenciales como la educación, Polini analizó: «Tiene que ver con el hartazgo de no poder solucionar temas que tendrían que ser mucho más sencillos y me parece que en esto mucho tiene que ver que el Gobierno, en las diferentes etapas, nos incluye a nosotros, como los propios gremios. Entonces bueno cualquier cosa vamos al paro, y termina perjudicando al 98% de la población que no tiene nada que ver con la situación».
En este sentido reconoció que «va a ser una discusión compleja, pero sí es necesario una reforma laboral en la Argentina que permita, de una vez por todas, que todo ese grupo hoy, que es muy grande, como por ejemplo para el campo, de industria liviana, el changarín, de alguna manera también tenga algún tipo de protección y el empleador la posibilidad de tomar temporariamente personas para desarrollar determinadas actividades», instó. «Tenemos el ejemplo del algodón, que conozco, con el caso de las desmotadoras, un trabajo absolutamente temporario que tranquilamente está contemplado en la ley, pero no así el changarín, inclusive el empleado del camión que muchas veces no tiene nada que ver con el transporte que trabaja temporalmente en la campaña de algodonera que son tres o cuatro meses», describió.
Más adelante, al analizar el tratamiento de la nueva ley ómnibus, el diputado enfatizó: «Estoy convencido de que el Gobierno necesita ayuda, y hay un Congreso que, más allá de las diferencias, tiene ganas de trabajar, pero también estoy convencido de que esta estrategia de poner situaciones que entiendo que para la Argentina son buenas, como le diría, no sé, el 90%, el 95% de las leyes que están sobre el DNU también hay 4% o 5% que son absolutamente malas, molestas o por lo menos no prudentes para la Argentina de hoy.
Entonces por ahí no entiendo esa estrategia del vamos por todo porque creo que no lleva a nada», reflexionó.
Más allá de esto consideró que «al DNU lo veo lejos todavía, no en condiciones de tratarse en la Cámara de Diputados. De hecho todavía no ha tenido nivel de discusión más allá de todo lo que hicimos en enero, febrero, que fue largo. Tengo una posición: el DNU tiene muchas cosas buenas, igual que la ley Bases, pero también tiene muchas malas», reiteró.
Las modificaciones propuestas
El texto de reforma laboral que presentó la UCR, de 44 artículos, en medio de una creciente conflictividad laboral, se basa en ocho puntos. El primer punto sostiene la «reducción de la carga fiscal sobre el empleo», proponiendo «la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta cinco empleados. Para «la sustancial disminución del costo laboral (en particular para las pymes), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos».
Al tiempo que propone «implementar un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites». Allí el detalle del articulado del proyecto, sostiene multas para los empleadores que no registraran correctamente a sus trabajadores en caso de indemnizaciones, aunque le pone límites temporales a las mismas que no podrían exceder de doce sueldos.
Reducir las indemnizaciones patronales es uno de los objetivos del proyecto. Así lo expresa en el capítulo titulado «reducción de la litigiosidad»: donde insiste en la «derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de las leyes 24013, 25013 y 25323, entre otras, y reducción sustancial de las multas». «Esta medida -continúa el texto- tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización». Lo que a su juicio «favorece a los mercaderes de la industria del juicio».
El punto cinco del proyecto está dedicado a crear «mecanismos sustitutivos de indemnización», como «establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización».
La iniciativa, en cambio, cercena derechos sobre los trabajadores. Bajo el título «Libertad sindical», el proyecto propone «eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad)», con lo que quita el aporte de los trabajadores a su organización gremial. Propone «extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar», por parte del empleador. También va en contra del derecho a huelga, con el fundamento de declarar a «la educación como servicio estratégico esencial». También extiende esta exigencia «en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50% de los puestos laborales. Una lista que incluye a casi todas las ramas de servicios e industria. (diariolavozdelchaco.com)