El dirigente de Movimiento Trabajadores Humildes, está alojado en la comisaría de Makallé, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, delito continuado. Busca que la causa se anule por supuestas violaciones a los derechos constitucionales.
El 18 de enero, Carlos Iván Barraza, fue aprehendido tras varios allanamientos en Puerto Vilelas, Margarita Belén y Resistencia.
El 26, la fiscal de investigaciones N°10 Liliana Beatriz Irala le dictó la prisión preventiva. El piquetero ocupó un cargo en la empresa estatal de agua Sameep, y renunció luego de la asunción del nuevo gobierno provincial.
Fue denunciado por testigos protegidos de cometer maniobras delictivas a través de Asociación Civil «Humildad», la misma que el año pasado durante la gestión de Jorge Capitanich recibió una camioneta de la Policía del Chaco, porque supuestamente estaba fuera de servicio.
En una causa que se ha mantenido reserva por el aporte de los nueve testigos protegidos, la defensa de Barraza presentó un recurso ante la fiscal Irala, quien seguramente al no dar lugar, correrá vista al juzgado de Garantías en feria.
Los planteos
En el escrito que adelanta NORTE, plantea «la nulidad absoluta del proceso». El defensor José Rene Gallassi cuestiona «toda vez que el proceso comienza con una denuncia anónima, evitando poder verificar la realidad del verdadero denunciante, como así también sus dichos, los mismos son puramente hipotéticos, con frases como «… o sea, que todos los insumos que le había otorgado el gobierno en un primer momento, fueron destinados capaz que para fines de uso propio…, el relator está hablando en potencial, lo que claramente significa la no veracidad de sus dichos».
Dice la defensa: «De lo contrario afirmaría que tales materiales fueron utilizados por fines propios, y no fue así, sin embargo continua relatando hechos abstractos refiriendo en todo momento de que el Estado le dio dinero a la Asociación, y a Barraza, cuando existen los convenios del Estado hacia esas asociaciones, para formar emprendimientos, y viviendas, todo debidamente comprobado en la causa por esta defensa».
Apunta también contra los allanamientos que concluyeron con la detención de Barraza: «La fiscal solicitó allanamientos al Juzgado de Garantías N° 2, en distintos lugares, mediante ordenes N° 19, 20, 21, 22, 23, 24, detallados en forma precisa, direcciones e indicaciones concretas de cómo llegar a dichos lugares, cuando esos datos de ubicaciones nunca ingresaron a la causa, no están en la denuncia con la precisión requerida ni hay otros elementos de pruebas incorporados al proceso que permitan el adecuado control de la defensa conforme lo ordena la norma constitucional».
Los testigos
En otro tramo , «nuevamente en clara afectación a las Garantías constitucionales de nuestro representado, la fiscal ha recibido declaración testimonial a nuevos testigos protegidos, claramente sin dar participación a la defensa, en fecha 24 de enero, donde nuevamente estas personas desconocidas brindan información falsa y no comprobable, siempre en contra de Barraza, sin el debido control de la defensa, sin embargo y más grave aún, en fecha 26 de enero del corriente, esta defensa aportó tres testigos en forma espontánea, para que presten declaración, en el marco de la igualdad de armas con el Ministerio Público, lo que fue rechazado por la fiscal».
Por último, remarca a la fiscal: » Solamente y ante la insistencia de esta parte permitió tomar solo a uno de ellos, quien desmintió la denuncia inicial, acreditando responsabilidad del manejo de fondos de la Asociación al Tesorero de la misma el señor Adrián Escalante, toda vez que él era quien manejaba los emprendimientos y los fondos que otorgaba el Estado a dicha Asociación civil».